El PSOE ha consumado finalmente la amenaza que hace tan solo unas semanas lanzaba la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y ha presentado una enmienda a la Ley de Propiedad Horizontal para que las comunidades de vecinos puedan prohibir el establecimiento de nuevos pisos turísticos. "Lo que queremos es que sea necesaria la autorización de los vecinos, con una mayoría de tres quintos, para que se puedan instalar estos pisos, de tal forma que consigamos ir poniendo un elemento de racionalidad en el auge de este tipo de pisos", explicaba este miércoles el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en RNE.
Según argumenta el texto que ahora deberá aprobar el Congreso, "el incremento de viviendas de uso turístico ha provocado varios efectos no deseados". Entre ellos, cita problemas "de convivencia y molestias", pero también "la reducción de vivienda para el alquiler residencial, el incremento de precios de los arrendamientos para vivienda habitual y en muchas ocasiones una progresiva gentrificación de muchos barrios".
Los expertos, sin embargo, creen que la solución no pasa por prohibir, sino por alentar la oferta de alquiler de larga duración. Además, advierten de que ahora ya existen cauces para solucionar esas molestias a las que apela el PSOE. "Para lo que realmente va a servir esto es para trasladar el problema a los vecinos y generar grandes tensiones", sentencia José Ramón Zurdo, abogado y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler.
Lo que dice la LPH
Actualmente, el propietario puede poner su piso en alquiler turístico y, si los vecinos consideran que se están generando problemas, se puede llevar a la junta para "limitar o condicionar el ejercicio de la actividad, o establecer cuotas especiales o incremento en la participación de los gastos comunes de la vivienda".
"Hasta se pueden poner cuotas al número de pisos turísticos que puede haber en una comunidad de propietarios -aclara Zurdo-. Y en caso de causar molestias, el presidente incluso puede ejercer una acción de cesación contra el propietario y contra el propio inquilino de ese piso turístico".
Según la reforma aprobada en 2019, cualquier acuerdo "requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación". A partir de ahora, el PSOE pretende valerse de la misma mayoría, pero no para "limitar o condicionar", sino directamente para prohibir y, además, de forma previa a la aparición de cualquier tipo de problema, por lo que, tal y como advierte el presidente de la Agencia Negociadora del Alquiler "es probable que en muchas comunidades la cosa se complique".
Los problemas que se avecinan
"Nosotros vemos esta medida como un ejemplo más de la habilidad que tiene el Gobierno de traspasar a los particulares un problema que es suyo. Y lo peor es que esto va a generar muchas tensiones innecesarias en las comunidades de vecinos, porque en estos momentos ya tienen a su disposición las acciones legales suficientes para limitar los apartamentos turísticos que puedan alterar la convivencia", insiste Zurdo, que advierte de que, además, esta reforma traerá muchos problemas legales. "Habrá que ver los estatutos, las normas de régimen interno, si los estatutos están inscritos en el Registro de la propiedad… Es decir, que es algo bastante más complejo de lo parece y que se escapa al conocimiento que tienen los propios vecinos de las fincas", insiste.
Sea como fuere, lo que el experto tiene claro es que este no es sino un ejemplo más de que la obsesión del Gobierno pasa por "intervenir todo": "No nos dejan ni respirar, pero es que, además, no se dan cuenta de que, en muchos lugares, los apartamentos turísticos son necesarios y, cuando nosotros vamos de vacaciones fuera, hay veces que también los buscamos", advierte.
La falta de vivienda residencial
A ello se suma, además, la falsa creencia de que, si limitamos los pisos turísticos, esa oferta irá al alquiler tradicional y los precios tenderán a bajar: "El último dato del Instituto Nacional de Estadística hablaba de casi 4 millones de viviendas vacías España y los propietarios no las sacan al alquiler por miedo a los destrozos, a los okupas… Es decir, que la manera de solucionar las cosas no tiene que ser prohibir, sino intentar acercarse a esa oferta".
Y por si al Gobierno no se le ocurre cómo hacerlo, además de poner coto a la llamada inquiokupación, Zurdo pone sobre la mesa otra propuesta. "¿Por qué no se establece, como se hacía antes, una desgravación para la compra de la segunda vivienda, siempre que esta vivienda se destine al alquiler tradicional? – se pregunta-. Es decir, hay muchos medios para aumentar la oferta sin tener que tocar esos pisos turísticos que, como digo, en muchos casos son necesarios".
En definitiva, insiste el presidente de la Agencia Negociadora del Alquiler, de lo que se trata es de acercarse a la oferta: "Porque hasta ahora casi todas las medidas que se han adoptado en materia de alquileres han ido dirigidas a excitar la demanda: cheques de alquiler, prórrogas de contratos, congelación de actualizaciones… Pero es que el problema no está en la demanda; el problema está en la oferta -concluye Zurdo-. Si alentamos la demanda, pero no tenemos oferta suficiente para atenderla, no vamos a ningún lado".
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