La ya bautizada como inquiokupación ha convertido a los pensionistas en la población más vulnerable a una lacra que, pese a los intentos del Gobierno por minimizarla, sigue aumentando cada día. A sus 79 años, Catalina lleva cinco manteniendo a su inquiokupa, una mujer de 38 que en 2020 se acogió al polémico decreto antidesahucios alegando que no tenía trabajo, y lleva viviendo a su costa desde entonces.
"Con una pensión de 1.300 euros tiene que pagar una hipoteca, la comunidad, los seguros y el IBI de dos casas, más sus gastos", lamenta su hija. Viuda desde hace años, Catalina jamás imaginó que la última etapa de su vida, en la que a lo único que aspiraba era a vivir tranquila gracias al esfuerzo y sacrificio del que tanto ella como su marido siempre hicieron gala, se terminaría convirtiendo en un auténtico calvario.
"Mis padres son de Extremadura. Se vinieron a Madrid a trabajar cuando nacimos nosotros y han estado toda la vida trabajando para tener algo. Nadie les ha regalado nada —denuncia Eva con impotencia y la voz entrecortada—. No somos un fondo buitre y no tenemos mil viviendas. Si consideran que hay que mantener a su inquiokupa, que la mantengan ellos, pero no hay derecho a que el Gobierno le robe el esfuerzo de toda una vida".
El origen de los problemas
Para entender lo sucedido hay que remontarse a la crisis de 2007. Años antes, sus padres habían decidido invertir en una casa en Arroyomolinos con la ilusión de vender su piso en cuanto estuviera lista y trasladarse allí a vivir. "El problema es que, cuando se la entregaron, se encontraron con que, si querían deshacerse del piso, tenían que regalarlo como quien dice y no les llegaba para amortizar la otra hipoteca, así que no les quedó más remedio que alquilarlo", explica su hija.
Sus primeros inquilinos pagaron religiosamente durante años, pero todo cambió a partir de 2015. Tras morir su padre, su madre se lo alquiló a una señora que, ya desde el primer momento, dio signos de ser conflictiva. Aun así, no fue hasta 2019 cuando empezó su particular calvario. "Hubo una avería y nos dijeron que tenían que cambiar todas las tuberías y todos los suelos, así que, como en septiembre se le acababa el contrato, le dijimos que lo mejor era que se marchara, porque allí no podía vivir mientras se hacía la obra y tampoco eran capaces de decirnos cuánto iban a tardar en arreglárnoslo", recuerda Eva, que, en todo caso, le sugirió que, cuando terminasen, si le seguía interesando el piso, podrían volver a alquilárselo.
En un primer momento, la mujer no puso inconveniente alguno y se comprometió a buscar otro lugar en el que vivir. Sin embargo, los hechos no acompañaron a sus palabras: "Eso fue en mayo y, después de estar todo el verano intentando quedar con ella sin éxito para que me firmase que se iba, a finales de agosto no tuve más remedio que mandarle un burofax".
De inquilina a inquiokupa
"En octubre la denunciamos y, cuando salió el juicio en febrero de 2020, la jueza dijo que, como había que avisar con un mes de antelación y a ella Correos le había notificado ya en septiembre, el contrato quedaba prorrogado un año más", lamenta Eva. Entretanto, la mujer ya había dejado de pagar el alquiler, por lo que optaron por denunciarla también por estos hechos.
"El problema es que ahí ya estábamos en pandemia, así que se acogió al decreto antidesahucios, alegando que cobraba el ingreso mínimo vital y que tenía tres hijos, pero ni siquiera hay informe de Servicios Sociales. Nosotros también solicitamos que se declarase vulnerable a mi madre y el juez así lo reconoció, pero como mi madre tiene la otra vivienda, pues nada, que se jorobe. Y desde entonces no se ha vuelto a hacer nada y como el Gobierno va aprobando una prórroga tras otra, pues así seguimos", denuncia desesperada.
Una situación límite
Al igual que otras tantas víctimas, Eva y su madre llevan años sufriendo las consecuencias económicas y psicológicas de la inquiokupación: "Esto nos tiene completamente destrozados, porque yo no duermo, ella no descansa y vivimos obsesionados con este asunto porque llevamos cinco años así y no vemos que esto vaya a terminar".
Su inquiokupa les ha instado a buscarle una casa, pero está convencida de que, salvo que decaiga el polémico decreto antidesahucios o lo ordene un juez, ella no tiene ninguna intención de marcharse. "No quiere ninguna porque no le interesa. ¿Dónde va a encontrar una casa gratis en la que no tenga que pagar nada? —pregunta retóricamente—. Y, mientras tanto, es mi madre la que tiene que hacer frente a todo con una pensión de 1.300 euros".
Afortunadamente, a Catalina —a diferencia de lo que le sucede a la mayoría de los propietarios de otros puntos de España— la Comunidad de Madrid sí le ha ido abonando parte de la compensación por las rentas impagadas. Quedan pendientes, eso sí, las que lleva este 2025 y las que vendrán, pero también las anteriores a junio de 2021, ya que, tal y como denuncia la Plataforma de Afectados por la Ocupación, el decreto del Gobierno solo contempla el pago de dicha indemnización a partir del momento en el que el juez dicta el auto de suspensión del lanzamiento. En su caso, año y medio después de que dejase de pagar.
¿Quién es el vulnerable?
Respecto a la supuesta vulnerabilidad de su inquiokupa, Eva la pone en duda: "Esta señora tiene ahora mismo 38 años y lleva 5 viviendo sin trabajar…. Con contrato, claro. Porque lo que a mí me han dicho los vecinos es que trabaja cuidando a otras personas y, además, ha metido a más gente a vivir allí y sus hijos siempre van bien vestidos y con móviles de última generación".
En todo caso, insiste, incluso aunque no fuera así, esa no debería ser su responsabilidad: "Que les busquen ellos la alternativa habitacional —dice en referencia al Gobierno—, pero no puede ser que vivan a costa nuestra, porque las víctimas somos nosotras". Por último, Eva se dirige a su inquiokupa y llama a la reflexión: "Estamos entrando en una dinámica de sociedad muy peligrosa, porque a mí mis padres me han inculcado una serie de valores, que, si yo no tengo para pagar una cosa, yo no voy a fastidiar al prójimo. Yo me busco la vida, me voy con un familiar o hago lo que sea, pero no fastidio a nadie. Y ella sabía perfectamente que mi madre tenía una hipoteca y que necesitaba el dinero".
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