Nuevo golpe a España por los impagos de las renovables. Según ha podido saber Libre Mercado, la justicia británica ha tomado una doble medida provisional sobre el derecho de usufructo que ostenta AENA, empresa pública del Reino de España, sobre el 26% del aeropuerto de Luton, en Londres. Esta decisión ha sido notificada ya por AENA a través de un comunicado remitido a la CNMV.
La decisión fue adoptada por los tribunales de las islas el pasado 11 de julio. La cotizada ha mostrado su sorpresa, puesto que AENA no está directamente relacionada con la controversia de los impagos de las renovables. Sin embargo, las empresas afectadas por dichos incumplimientos han defendido ante los tribunales británicos que, a la hora de adoptar medidas de compensación, AENA debe ser considerada como un activo comercial propiedad del Reino de España, de modo que sería procedente actuar sobre sus intereses.
La decisión no solamente afecta a la titularidad del 26% del aeropuerto de Luton, sino también a varios terrenos y propiedades que AENA controla en Gran Bretaña. Desde la empresa pública se comprometen a "llevar a cabo las comprobaciones pertinentes para determinar el alcance y consecuencias de estas medidas y defender los intereses de AENA, sus filiales y sus accionistas".
De acuerdo con la información comunicada por AENA, la operadora posee el 51% de la concesión del aeropuerto, considerado el cuarto más relevante de la capital de Inglaterra. Puesto que el 51% de AENA está en manos de ENAIRE, esto hace que las medidas adoptadas se refieran al 26% del derecho de usufructo de dicha infraestructura de transporte.
Recientemente, la justicia belga embargó más de 80 millones de euros a ENAIRE debido a los impagos de las renovables. Con anterioridad, los tribunales británicos han embargado edificios y cuentas de banco de distintos entes públicos del Reino de España. Así, la magistratura de las islas ha confiscado el derecho de cobro de la indemnización del Prestige (900 millones de euros), la sede londinense del Instituto Cervantes, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, una propiedad en la que opera una oficina económica del gobierno autonómico de Cataluña y cuatro cuentas de banco.
El caso que ha motivado esta medida es el que afecta a la empresa estadounidense NextEra, con la cual se han acumulado impagos por valor de 300 millones de euros. En total, los afectados por estos incumplimientos siguen a la espera del pago de 1.560 millones de euros en concepto de indemnización, amén de otros 310 millones por sobrecostes como las condenas en costas o los intereses de demora.
La Corte Suprema de Australia también ha dado la razón a los acreedores, permitiendo futuros embargos. Por su parte, la justicia estadounidense está analizando la misma situación y se pronunciará en breve.