El pasado 15 de julio el diario Expansión publicaba una entrevista con la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, acerca de la agenda legislativa de su partido, Sumar, miembro de la coalición de Gobierno con el Partido Socialista.
En esa entrevista, Yolanda Díaz, además de insistir en su proyecto estrella del "derecho de los trabajadores a no trabajar" y, por lo tanto, su empeño en reducir la jornada laboral en España, también deslizó que tenía en agenda cobrarle impuestos a los fondos de inversión.
En este sentido, poco o nada aclaró su departamento, ni la gente de Sumar, sobre en qué se concretaría esta iniciativa. Ahora, algunos medios como OK Diario publican que el objetivo no es otro que eliminar una de las ventajas fiscales más importantes con las que cuenta la industria de la inversión y el ahorro privado en España, que es la traspasabilidad de los fondos de inversión es libre y, además, está exenta de impuestos. Es algo completamente lógico, ya que no realizas beneficios ni pérdidas. La evolución de los fondos y sus plusvalías pueden traspasarse a otros productos y/o gestoras sin penalización alguna. Además, como no realizas el beneficio tampoco lo hace el hecho imponible que Hacienda impone a la ganancia de plusvalías. Tampoco aplicaría si incurrimos en pérdidas para anotarnos minusvalías que mejoren nuestra factura fiscal.
Pues bien, según las informaciones que se publican ahora, este sería el objetivo. Eso sí, no se dice cómo lo harían. Lo que está claro es que el Gobierno quiere perseguir una de las mejores herramientas a disposición de pequeños ahorradores y familia para poner en marcha su patrimonio y huir de la inflación y las dudas crecientes sobre el futuro de las pensiones públicas.
Los fondos de inversión están al alcance de cualquier patrimonio y permiten rentabilizar los ahorros que con tanto esfuerzo logran acumular las familias. Ahorro que, dicho sea de paso, no deja de ser, en la inmensa mayoría de los casos, parte del dinero ganado en la nómina y que ya ha tributado en el IRPF. Pues bien, el Ejecutivo quiere que vuelva a hacerlo y que el rendimiento que pueda ofrecer ese dinero en los mercados quede gravado antes incluso de que el inversor decida deshacer su posición (es decir, vender su participación del fondo y realizar beneficios o pérdidas, según el caso).
Ahora mismo, el mercado de fondos y planes de pensiones en España permite mover los fondos de una entidad a otra, de un gestor a otro o de una cartera a otra sin impacto fiscal, ya que no se compran y se venden, únicamente se traspasan posiciones. Es decir, que el titular de la participación no realiza ni beneficios ni pérdidas, únicamente se reflejan en el estado de posición de sus inversiones.
Ni el Ministerio de Hacienda ni el entorno de Yolanda Díaz en Sumar confirman ni desmienten que gravar la traspasabilidad de los fondos de inversión esté entre las prioridades ni del departamento gubernamental, ni de partido de Gobierno. "No nos consta", contestan sus portavoces de guardia durante este mes de agosto a las preguntas de Libre Mercado. Sin embargo, lo que es evidente es que incrementar la recaudación mediante la imposición de nuevos gravámenes a los fondos de inversión en España, es uno de los objetivos de Yolanda Díaz que está expresado y puesto por escrito. Falta por definir cómo y esta posibilidad que se apunta en medios de comunicación es, quizá, una de las posibilidades más evidentes, ya que constituye casi la única ventaja fiscal que el Fisco ha dejado a la industria de la inversión.
De materializarse esta amenaza y finalmente aprobarse y publicarse en el BOE, la industria de la inversión en España habrá dado un paso de gigante hacia atrás y, de nuevo, estaríamos a la cola de Europa y del mundo desarrollado, no sólo en empleo, en pérdida de renta per cápita, en inseguridad jurídica, o en incremento de impuestos en los últimos 5 años. También estaríamos en el furgón de cola en cultura y desempeño financiero.
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