A sus 51 años, Jose jamás pensó que viviría en una furgoneta. Y mucho menos que lo haría obligado por una inquiokupa que le ha arruinado la vida y por una Justicia que, además de lenta, se toma vacaciones todo el mes de agosto. El valenciano, que lleva más de un año sin cobrar ni un solo euro, logró que la juez dictara sentencia a su favor. Sin embargo, su inquiokupa se declaró vulnerable: "Es lo que hacen todos, porque si lo hacen, se saben intocables".
Aun así, él no tiró la toalla y, tal y como adelantó hace meses a Libre Mercado, solicitó a los Servicios Sociales que también valorasen su vulnerabilidad, puesto que, al haber roto con su pareja y no contar con el dinero del alquiler de su única vivienda en propiedad, no tenía recursos para buscar otra casa, lo que le ha condenado a vivir en una furgoneta Camper que antes usaba para ir de vacaciones. El problema es que ahora no la usa para ir una semana a la playa, sino que lleva nada menos que siete meses encerrado en los escasos metros cuadrados que el vehículo ofrece: allí duerme y cocina como puede, se ducha en el gimnasio o en el trabajo, lava la ropa en una lavandería pública y guarda todas sus cosas en un trastero.
"El pasado 28 de junio, cuando el juez evaluó el informe de mi inquiokupa y el mío, dictaminó que se tenía que ir en un mes de la vivienda. Esto significa que el día 29 de julio esta gente ya tendría que haberse marchado, cosa que no han hecho. Han desobedecido al juez. Y lo que ocurre actualmente es que, como estamos en agosto, los juzgados están cerrados, así que yo me estoy comiendo todo el verano en la calle a 40 y 45 grados", denuncia Jose tras haber sufrido dos golpes de calor debido a las altas temperaturas que alcanza su furgoneta.
Desesperado, implora ayuda y no entiende que la Justicia se tome vacaciones: "Es increíble que los juzgados cierren y que no se deje ni siquiera una ventana para atender casos como el mío, que ya no es porque sea mío, pero es que estás dejando a una persona en la calle teniéndolo todo ganado. Es decir, que es doblemente injusto". Ahora, el valenciano cuenta los días para que termine un mes que, entre el calor y el cansancio acumulado después de 8 meses viviendo en una furgoneta, se le está haciendo eterno: "Y lo por es que no sé qué va a pasar. No sé si en septiembre la juez va a retomar el caso rápidamente y va a dictar una fecha concreta para que vayan a echarles o voy a tener que seguir así más tiempo, pero es que yo ya no puedo más".
De inquilina a inquiokupa
La hoy okupada es la única vivienda que Jose tiene en propiedad. Su hermana y él la recibieron como herencia de su abuela y su tía cuando fallecieron, y él decidió comprarle a ella su parte para preservar los grandes recuerdos que albergaba aquella casa. Por aquel entonces, sin embargo, él vivía en casa de su pareja. "Ella tenía su piso pagado y, como era más nuevo y estaba mejor ubicado, decidimos hacer allí nuestra vida", explica. Así que, con el fin de complementar su sueldo, optó por poner en alquiler el suyo.
Su particular calvario empezaría en el año 2022: "Los señores que viven justo encima me dijeron que tenían una hija que estaba muy interesada, porque vivía en un barrio muy complicado con sus hijos y le vendría muy bien estar cerca de ellos. Me dijeron que conocían a mi abuela y a mi tía de toda la vida, y como me entraron por ahí, pues pensé que, de tener que alquilárselo a alguien, mejor a una persona de la que tuviera referencias".
A pesar de ser un piso amueblado de tres habitaciones -cuatro, antes de una obra para ampliar uno de los salones-, José tan solo le pidió un mes de fianza e incluso le rebajó el precio y se lo dejó en 600 euros al mes. "La chica siempre me pagaba tarde: si tenía que pagar del 1 al 5, igual me pagaba el día 15; pero, como siempre terminaba pagándome, no me importaba", se justifica. El problema es que un día dejó de hacerlo: "En agosto del año pasado dejó de pagarme la mensualidad y yo, evidentemente, antes de tensar la cuerda, le hice reflexionar, diciéndole que no podía seguir así, porque yo dependía de ese dinero y, si me fallaba, iba muy apurado".
Condenado a vivir en la calle
Su situación, además, empeoró en enero, cuando, al dejarlo con su pareja, tuvo que abandonar su casa: "Mis padres fallecieron hace años y mi hermana no vive aquí. Hay tíos y primos que me han ofrecido quedarme en su casa, pero esto no es como cuando eres pequeño y te vas a dormir a casa de alguien. Yo tengo 51 años -insiste entre el dolor y la rabia-. Yo no puedo condicionar su vida y meterme allí con todas mis cosas sin saber hasta cuándo se puede alargar todo esto, y que encima tengan que aguantar mis malos ratos, porque evidentemente esta situación te consume".
En esta tesitura, Jose optó por meter todas sus cosas en un trastero y empezó a vivir en su furgoneta, confiando en que la situación no se alargaría demasiado. Sin embargo, ni su inquiokupa ni su familia dieron su brazo a torcer. Ni sus padres quisieron hacerse cargo de sus deudas, a pesar de que habían firmado como avalistas en el contrato, ni ella accedió a trasladarse a su piso o buscarse otro más barato. "Solo tenía que subir al piso de arriba que, si es como el mío, tiene que ser grande y tener espacio de sobra para ella y sus hijas, porque el de mi abuela y mi tía, en origen, incluso tenía cuatro habitaciones", subraya José.
Indignado con el Gobierno
Ahora, tras meses de lucha, ha conseguido que la juez ordene el desalojo. Sin embargo, la inquiokupa no se va y, con los juzgados cerrados, el propietario está atado de pies y manos, ya que, si entrase en el piso por su cuenta y riesgo, el denunciado sería él. "Es que no hay derecho… ¡No hay derecho! ¿De qué sirven los contratos? ¿De qué sirven las escrituras? ¿De qué sirven las cláusulas si luego hay gente que se la pasa por dónde quiere? -se preguntaba indignado la última vez que habló con Libre Mercado-. Y yo estoy de acuerdo en que, si hay gente vulnerable, que se la ayude, pero no yo, sino el Estado, que para eso pagamos nuestros impuestos".
Jose, que agradece su apoyo a la Plataforma de Afectados por la Ocupación, la única que le ha brindado su apoyo, recuerda, además, al Gobierno que ni esta lacra es un bulo ni las víctimas son millonarias: "No somos un fondo de inversión o un banco con miles de pisos. Estamos hablando de gente humilde, trabajadora, discreta… Y no es justo que una persona con 51 años se vea en la situación en la que yo me estoy viendo y que nadie se preocupe por ti, porque la sensación que tengo ahora mismo es que hasta un perro tiene más derechos que yo".