El Consejo de Ministros ha dado luz verde a un nuevo real decreto para "dotar de más derechos a las empleadas del hogar". Así lo ha anunciado este martes la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha presumido de la buena marcha del sector, obviando que la afiliación ha caído al nivel más bajo de los últimos 12 años debido, precisamente, a la sobrerregulación que el Gobierno de PSOE y Sumar ha ido imponiendo desde que llegó a La Moncloa.
"Esto demuestra que el Gobierno de España es un Gobierno comprometido con los derechos de las trabajadoras del hogar y que, además, es un Gobirerno feminista", ha insistido la vicepresidenta, a pesar de que en el mes de agosto otras 14.000 empleadas del hogar se han ido a la calle, dejando la cifra de afiliación del sector en 367.900 personas, la más baja desde 2012.
"A partir de ahora, tendrán derecho a una evaluación del lugar de trabajo; por supuesto, a la entrega de los epis y los mecanismos que necesitan para poder trabajar; y algo muy importante: van a tener derecho a la formación", ha resumido en su comparecencia. A ello se suma, además, el derecho a los reconocimientos médicos que en las empresas ofrecen las mutuas y la elaboración de un plan antiacoso para prevenir la violencia en el hogar en el que trabajen.
Los puntos más controvertidos
Especialmente polémico ha resultado el capítulo relativo a la evaluación de las viviendas; tanto, que incluso el Ejecutivo se ha visto obligado a rectificar. Aunque inicialmente la idea pasaba porque la Inspección pudiera irrumpir en el domicilio de los particulares que quisieran contratar servicio doméstico, finalmente Yolanda Díaz ha anunciado que dicha evaluación se hará a través de una plataforma que facilitará el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).
"El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo elaborará una herramienta gratuita que facilitará a las personas empleadoras el cumplimiento de las obligaciones relativas a la evaluación de riesgos", ha explicado el ministerio. Aunque no han aclarado cómo funcionará exactamente, todo parce indicar que será una especie de formulario para evaluar el cumplimiento de los estándares de seguridad.
Por lo que respecta a la formación, la ministra ha anunciado que, a partir de ahora, las trabajadoras del hogar -más del 90% son mujeres- podrán acceder a los cursos de formación del Servicio Público de Empleo. Según ha defendido, todas estas medidas "no van a generar ningún coste de las familias". Sin embargo, en este caso concreto, por ejemplo, ha explicado que las empleadas "podrán ser formadas durante su jornada laboral y, si no lo fueran, se compensará con tiempo de descanso".
En cuanto a los reconocimientos médicos, se sustanciarán "a través de lo público", por lo que "nadie va a ver incrementados sus gastos", según Yolanda Díaz. "Si lo quieren hacer, pueden formalizar un contrato de seguro o concertar con las mutuas, pero, si no quieren, van a tener derecho en los servicios públicos de prevención de riesgos". Por su parte, Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo, será el encargado de elaborar "una guía para la prevención", así como un "protocolo de acoso y violencia en el hogar".
Sobre las familias sí recaerá el coste de "los equipos de trabajo adecuados para el correcto desempeño de sus funciones" y la obligación de repararlos o reponerlos cuando resulte preciso. Además, los empleadores estarán obligados a informar y adoptar las medidas necesarias en caso de peligro grave e inminente en el hogar y, en ningún caso, podrá exigirse la reanudación del trabajo mientras persista el peligro.