La regulación del empleo doméstico en España da un salto significativo con el nuevo real decreto anunciado el pasado martes por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que marca un antes y un después en las obligaciones de quienes deseen contratar a personas trabajadoras del hogar.
Según el Ministerio de Trabajo, "la nueva normativa busca eliminar la discriminación histórica de un sector altamente feminizado, garantizando la igualdad y la protección social de aquellas que pertenecen a él", pese a que implica que los procesos administrativos para la contratación de empleadas del hogar se vuelvan ahora más complejos para las familias.
Precisamente, desde la Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos (AEPD) advierten que, contrariamente a lo que sostiene la ministra, la aprobación de medidas de este tipo solo provoca una caída en las contrataciones, con los datos de afiliación alcanzando su nivel más bajo desde 2012, con 367.000 empleados en el sector.
La principal novedad de la legislación es la equiparación de las trabajadoras del hogar con el resto de los trabajadores en cuanto a derechos laborales y seguridad social. Esto incluye el derecho a la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como el acceso a la prestación por desempleo, un derecho que hasta hace poco tiempo les estaba negado.
Mayor complejidad administrativa para los empleadores
En cuanto a las obligaciones del empleador, deberá ahora cumplir con una serie de imposiciones nuevas, como realizar evaluaciones de riesgos laborales en el domicilio donde se prestan los servicios, dicho en otras palabras, someter su casa a una evaluación para asegurarse de que se adoptan las medidas preventivas necesarias, y proporcionar equipos de protección individual.
Estas evaluaciones, además, deberán revisarse y actualizarse con regularidad o cuando haya cambios en las condiciones de trabajo de forma obligatoria. En situaciones de riesgo grave e inminente, las empleadas tendrán derecho a paralizar la actividad.
En esta línea, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) desarrollará una herramienta online, que estará disponible en la web del Ministerio de Trabajo, para que los empleadores puedan cumplir con las evaluaciones de riesgos laborales en el hogar. Esta herramienta estará lista en diez meses, y las obligaciones preventivas no serán exigibles hasta seis meses después de su lanzamiento, lo que retrasaría la entrada en vigor hasta 2026.
Por otro lado, el INSST tendrá un año para crear una guía técnica que explique los nuevos derechos y obligaciones tanto de los empleadores como de las empleadas.
La normativa también establece un enfoque especial para las empresas que contratan personal para ayuda a domicilio. Dado que se desarrollan en entornos privados y son más difíciles de controlar, se exige que los profesionales de la evaluación de riesgos visiten los domicilios de manera presencial, considerándose únicamente que se ha cumplido con esta obligación una vez realizada dicha visita. Asimismo, se contempla que, si la evaluación lo requiere, puedan adoptarse medidas específicas en el hogar, siempre con el consentimiento de la persona titular.
Otro de los puntos clave del decreto ley es el reconocimiento del derecho de las empleadas del hogar a la protección frente a abusos, acoso y violencia en el trabajo. Este aspecto obliga al empleador a garantizar un entorno laboral seguro y libre de cualquier forma de maltrato.
La nueva normativa contempla además acciones formativas para las empleadas del hogar, que serán obligatorias de forma única pese a trabajar en varios hogares y desarrolladas por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. Estas formaciones tendrán como objetivo capacitar a las trabajadoras en materia de seguridad y salud, y asegurar que estén informadas sobre sus derechos y obligaciones.