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Yolanda Díaz quiere recuperar el INI franquista: este es su incalificable plan para nacionalizar la industria

Yolanda Díaz impulsa la creación de una "agencia industrial pública y un banco público de inversión".

Yolanda Díaz impulsa la creación de una "agencia industrial pública y un banco público de inversión".
La vicepresidenta y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, habla durante la primera reunión con ministros de los países del G20 este jueves, en Fortaleza (Brasil). | EFE

Es muy posible que, mientras el partido de Yolanda Díaz escribía su último documento presuntamente económico, no fuera consciente de que su gran invento industrial ya estaba inventado en España. Fuera de España, por supuesto: en la URSS. Pero en España también. Lo hizo un dictador llamado Franco y se llamó INI: Instituto Nacional de Industria. Ahora Yolanda Díaz impulsa la creación de una "agencia industrial pública y un banco público de inversión". Traducido: lo mismo, pero bajo bandera comunista.

El Instituto Nacional de Industria (INI) fue una entidad estatal impulsada en 1941 por Franco con el objetivo de promover el desarrollo de la industria en España. Entre los años 1941 y 1980, de hecho, fue el grupo empresarial más potente de España.

Pues bien, dicho esto, bienvenidos al plan de Yolanda Díaz: "Refuerzo de la participación del Estado en empresas y sectores estratégicos a través de los instrumentos financieros y empresas públicas de las que dispone, promoviendo la creación una agencia industrial pública y un banco público de inversión con recursos suficientes a partir de los fondos públicos de apoyo a la empresa dependientes de los diferentes ministerios, así como la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y el resto de instituciones financieras públicas".

Lo mismo… Por cierto, la SEPI es la herencia de lo que quedó de aquel INI franquista.

Pero el plan va a más. Porque, el partido de Yolanda Díaz ha llegado a la conclusión de que debe hacer la vida imposible al resto de empresas para poder implantar su innovador y revolucionario plan. Quiere imponer la "centralidad de la transición ecológica en la política industrial, de manera que España pueda aprovechar la ventaja competitiva que aporta la energía renovable en el contexto de relocalización productiva a nivel global". Vamos, dejar a la industria sin una energía con garantía de continuidad. Esto no se le ocurrió al INI de Franco.

Sumar también exige dictar un "planteamiento de la estrategia política industrial desde la condicionalidad en la colaboración público-privada, definiendo, junto a las empresas beneficiarías de las actuaciones, objetivos a medio y largo plazo para maximizar su valor para las empresas, el Estado y la sociedad. Se establecerán también cláusulas de condicionalidad en las ayudas e inversiones para condicionar las mismas al impulso de un tejido productivo social, fiscal y medioambientalmente responsables". Esto se traduce en que hasta las industrias privadas deberían hacer lo que quieren los comunistas.

Otro de sus inventos pasa por "el establecimiento de las siguientes medidas para evitar las deslocalizaciones:

  1. La prohibición de que las empresas deslocalizadas puedan realizar despidos colectivos, extinciones de contratos por causas objetivas y modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo.
  2. La obligatoriedad de devolver la totalidad del importe de cualquier tipo de ayuda pública recibida en los años previos en caso de deslocalización de la actividad productiva o del empleo, incluidas las propias del ámbito laboral como los ERTE o el mecanismo RED.
  3. La exigencia de que en la transmisión de empresas siempre se realice y se presente a la autoridad laboral un plan de viabilidad cuyo objetivo será el mantenimiento de la actividad productiva y de los puestos de trabajo".

Y, por supuesto, por si había pocas barreras a las empresas privadas y libres, "asegurar la participación de los agentes sociales en todo organismo, foro o espacio de coordinación implicado en el diseño de la política industrial en España para su gobernanza óptima", más "incluir en la concepción, diseño y gobernanza de la política industrial a los servicios públicos de empleo, tanto los autonómicos como el SEPE, para facilitar las políticas activas y formativas que favorezcan la inclusión de trabajadores en los nuevos sectores industriales a incentivar".

La guinda es el "impulso de la participación de las personas trabajadoras en las empresas industriales y, en particular, en las cooperativas industriales. Para ello se tendrá en cuenta en el diseño de la política industrial el impulso del tejido empresarial de la Economía Social y se planteará la transformación en cooperativa o sociedad laboral como alternativa en los procesos de reindustrialización".

Vamos, un mix entre el Cuéntame y La vida de los otros.

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