El Gobierno argentino que lidera-Javier Milei sigue con su plan de recorte del Estado anunciando este jueves que someterá a 40.000 funcionarios que tienen un contrato temporal pendiente de renovación a un examen para evaluar la idoneidad de los mismos y si estos son competentes en su trabajo. Algo que le permitirá librarse de los ñoquis, como llaman en Argentina a aquellos funcionarios que –según explicó el portavoz del Ejecutivo argentino hace unos meses— "ocupan una silla, pero no trabajan".
Mediante este examen, del que ha informado el portavoz de la Casa Rosada –sede del Gobierno argentino—, Miguel Adorni, el Ejecutivo pretende seguir con su plan de "racionalización del Estado", ya que aquellos funcionarios que no aprueben, no serán renovados en sus funciones. Este plan consiste en reducir la carga burocrática del Estado, algo en lo que el Ejecutivo de Milei ha trabajado desde el comienzo de su mandato.
De hecho, el mandatario argentino ya anunció otra medida de reducción del Estado en junio del presente año que consistió en el despido directo de 50.000 funcionarios. A estos últimos habría que sumarle otros 25.000 que Milei ya habría despedido o no les habría renovado el contrato, según dijo en la misma comparecencia.
En este sentido, el Gobierno argentino aprovechará que en diciembre del presente año vencen los contratos llamados de "planta transitoria" para aligerar la carga del Estado no renovando a aquellos funcionarios que no aprueben el examen.
El examen será online
Según ha mantenido Adorni, el examen se regirá por la ley de bases referida a la materia laboral argentina, lo que asegurará, a ojos del portavoz, que se cumplan los "puntos elementales para desempeñar las tareas de cada puesto". Así, aunque no ha dado muchos detalles sobre los "criterios de idoneidad", ha avanzado que la modalidad del examen "va a ser online para que no haya subjetividad en el proceso".
Además, ha explicado que el proceso no será aplicable para todos y cada uno de los funcionarios, sino que las personas con discapacidad no van a participar en la prueba en primera instancia, apelando al proceso de adaptación que contempla la normativa laboral.