El bono alquiler joven recientemente aprobado por el Gobierno como la gran panacea para resolver el problema de la emancipación en plena "emergencia habitacional" ya tiene su letra pequeña. Y es que, para acceder a esta ayuda, uno de los requisitos es que el alquiler no puede superar los 600 euros al mes (ampliable a 900 en algunas comunidades autónomas), algo imposible de encontrar en ciudades como Barcelona o Madrid.
Según el análisis "Impacto del bono joven según la oferta" publicado por Fotocasa, el bono "no alcanzará a muchos jóvenes que viven en ciudades donde el alquiler está por las nubes, como Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, San Sebastián, Vitoria, Bilbao o Pamplona". Según ha comprobado el portal inmobiliario, "en estas ciudades, encontrar pisos por menos de 600 euros o incluso por debajo de 900 euros es casi imposible".
"Por ejemplo, en Barcelona solo el 0,1% de los pisos se alquilan por menos de 600 euros, seguida de Madrid con un 0,3%, Valencia con 0,4%, Santander y Santa Cruz de Tenerife con un 0,4% y 1,2% respectivamente. Ciudades como Gerona y Bilbao también tienen una oferta muy baja, con 1,4% y 1,6% de pisos por debajo de esa cantidad. Y en lugares como Pamplona, San Sebastián, Palma de Mallorca o Vitoria, no hay prácticamente ninguna vivienda disponible por menos de 600 euros", señala el estudio.
Según la directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, "el precio del alquiler medio en España ya supera los 1.000 euros de media y por tanto, un gran volumen de jóvenes no podrá solicitarlo porque su renta supera los 600 euros (o los 900 euros dependiendo en la autonomía en la que se encuentre)".
Precisamente la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, comparecerá este miércoles en el Congreso en plena ola de protestas de inquilinos y de propietarios y con su socio de gobierno y sus aliados parlamentarios de la izquierda elevando la presión para intervenir los precios y suspender la venta de casas a fondos de inversión.
La ministra se enfrentará a una comparecencia en la que previsiblemente recibirá críticas tanto de sus socios, que la acusan de "inacción", como de la oposición, que atribuye la escalada de precios del alquiler a la política intervencionista de los últimos años.