El sector energético español, igual que el bancario, está en alerta después de que el Gobierno haya expresado su intención de convertir en permanente los impuestos especiales y temporales que aprobó hace dos años con motivo de lo que, dijo, que eran "beneficios caídos del cielo" que tuvieron por la subida de los precios de los hidrocarburos, en el caso de las energéticas, y por la subida de los tipos de interés, en el caso de la banca.
Ambos sectores, con criterio, han defendido que lo que han tenido en estos años no han sido "beneficios caídos del cielo", y ambos sectores han recordado que en los años anteriores han atravesado grandes dificultades que aplanan los resultados medios de los últimos 5 años. Sin embargo el gobierno hizo oídos sordos y prorrogó por todo 2024 el impuestazo.
Ahora, dice que estudia hacerlo permanente, lo que ha puesto en pie de guerra al sector energético. Repsol ya señaló que estudiaría sacar inversiones fuera y mantiene miles de millones de euros en inversiones nuevas en sus plantas en País Vasco, Cataluña y Cartagena, congeladas hasta conocer la decisión el Gobierno.
El propio CEO de la compañía, Josu Jon Imaz, ha sido muy behemnente a la hora de defender los intereses del sector frente a la avaricia recaudatoria del Gobierno de Sánchez.
Pues bien, ahora es Cepsa quien ha anunciado que pone en "stand-by" sus inversiones en nuevos proyectos de hidrógeno en España debido a la incertidumbre regulatoria y fiscal en el país, ante la posibilidad de que el impuesto extraordinario pueda convertirse en un gravamen permanente, y estudia priorizar los proyectos internacionales.
Fuentes de la compañía dicen que "están valorando el impacto que puede tener un incremento de su fiscalidad si se aprueba un nuevo impuesto permanente". Según dice,"provocaría un efecto muy relevante sobre la rentabilidad de los proyectos de hidrógeno, por lo que tendría que ralentizar las inversiones previstas en España y dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde en otros países que, inicialmente, tenía planificados en una expansión internacional para una segunda fase del plan estratégico 'Positive Motion'".
Una de las inversiones que más preocupa, sobre todo en Andalucía, es el que el grupo controlado por Mubadala, el fondo soberano de Abu Dabi, y el fondo de inversión estadounidense Carlyle cuenta como proyecto emblema con el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, que está previsto que se erija en uno de los mayores centros de producción de hidrógeno verde de Europa.
Este proyecto prevé una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de 10.000 empleos, entre directos, indirectos e inducidos. Para producir este vector energético, Cepsa utilizará electricidad renovable y aguas residuales para reducir el consumo de agua dulce y promover la economía circular.
A pesar de esta decisión, las mismas fuentes precisaron que la transformación en marcha de Cepsa "es irreversible para lograr que más de la mitad de su beneficio provenga de actividades sostenibles en 2030".
Cepsa ha sido uno de los grupos más damnificados por este gravamen en los dos últimos ejercicios. De hecho, en 2023, cerró en unas pérdidas de 233 millones tras pagar más de 320 millones de euros por el impuesto.
Rechazo frontal del sector
Este jueves, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) -la patronal de las grandes petroleras de la que forman parte la propia Cepsa, Repsol, Galp, Disa o BP, entre otras- ya mostró su rechazo a un impuesto permanente al sector energético y advirtió de que este gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal podía "desalentar las inversiones en el país", poniendo en peligro los 16.000 millones de euros que prevé abordar el sector para su descarbonización hasta 2030.
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