Hacienda maniobra para convertir en permanentes los impuestazos a la banca y a las eléctricas, que expiran el 31 de diciembre. Así figura en el último acuerdo entre PSOE y Sumar. "Revisaremos los gravámenes sobre la banca y las empresas energéticas con el objetivo de readaptarlos y mantenerlos una vez que expire su periodo de aplicación actual para que ambos sectores sigan contribuyendo a la justicia fiscal y al sostenimiento del Estado de bienestar" reza el texto.
Sin embargo, la falta de apoyos en el Congreso, podría truncar el golpe fiscal de Sánchez a las grandes empresas. El caso de Junts es muy significativo, ya que ha mostrado sus reticencias a perpetuar el tributo si, finalmente, Repsol decide acometer las inversiones que tenía previstas en Tarragona, y que ya no están claras debido a la inminente aplicación del impuesto. Ante la inseguridad jurídica, Repsol habría optado por Portugal para su última inversión.
En el País Vasco también habría otro proyecto que está en riesgo. Además, a cambio del sí a Sánchez, PNV pretendería gestionar ambos tributos.
Temor en las empresas
Mientras tanto, entre las grandes empresas energéticas y los bancos reina el temor. Por ejemplo, la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) advierte de que "establecer un impuesto permanente al sector energético comprometería la competitividad de la industria y dificultaría el proceso de transición energética, afectando negativamente a toda la cadena de valor".
La patronal de las energéticas, que engloba a BP, Cepsa Repsol o Galp, alerta de que hay millonarias inversiones en juego si Sánchez perpetúa su impuestazo. Solo en las dedicadas a la "descarbonización" y la "transición energética" (los objetivos que tanto defiende el Gobierno), las empresas del sector tienen previsto "dedicar a ese fin más de 16.000 millones de euros hasta 2030, aunque un nuevo gravamen o la falta de claridad sobre el horizonte fiscal puede desalentar las inversiones en nuestro país" avisan.
Además, "la falta de estabilidad regulatoria perjudica la reputación como país y la Marca España, así como la percepción y valoración del clima económico que hacen los inversores e instituciones internacionales" añaden.
Las energéticas recuerdan que un nuevo gravamen energético permanente convertiría a España en el único Estado de los 27 de la UE en tenerlo, "lo que perjudicará la competitividad de un sector que soporta una carga fiscal muy elevada". El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido que "este tipo de gravámenes deben ser limitados y temporales" apuntan. Por todo ello, "establecer un impuesto adicional al sector energético resultaría injustificado, discriminatorio y económicamente contraproducente".
"Enérgico rechazo" en la banca
En la misma línea van las patronales bancarias AEB y CECA. "Ante la sucesión de noticias y declaraciones públicas sobre la intención del Gobierno de establecer como permanente el gravamen temporal al sector bancario" ambas expresan su "más enérgico rechazo por el impacto para el propio sector y para la economía española".
Si se mantiene esta iniciativa, España "se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características, lo que constituye una desventaja competitiva para los bancos españoles y, por tanto, para el impulso de la economía, en un contexto en el que la banca española es el sector a nivel europeo que más impuestos paga" avisan también.
Además, "supone un obstáculo para completar la Unión Bancaria y va en contra de las recomendaciones de instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que desaconsejan estos impuestos porque desvían recursos que podrían utilizarse para reforzar el capital de los bancos y mantener el flujo del crédito a familias y empresas" consideran.
Los bancos recuerdan que, este tipo de gravámenes, "tiene un impacto directo sobre la capacidad de financiación de la economía real y, por ende, en la creación de empleo y en el crecimiento de nuestra economía. La recaudación del gravamen supone una merma estimada de 50.000 millones en España en la capacidad de financiación del sector bancario" calculan.
Los afectados desmontan la excusa usada por el Gobierno de aplicar el tributo por la subida de tipos del BCE. "El BCE ha comenzado a recortar los tipos oficiales. En concreto, a lo largo del año ya se ha producido un recorte de 75 puntos básicos que se ha reflejado en bajadas del euríbor. El euríbor a un año está en estos momentos por debajo del nivel de diciembre de 2022, cuando se aprobó el gravamen. Los analistas anticipan que esta tendencia descendente se mantendrá el próximo año de tal modo que los tipos de interés podrían situarse en el 1,75 % a finales de 2025" señalan.
Por último, "la incorporación de impuestos a nuestro ordenamiento jurídico por la vía de un decreto ley o, alternativamente, a través de una enmienda al articulado de un proyecto de ley que se encuentre en tramitación en el Congreso, como señalan las informaciones merma la calidad del debate público e imposibilita que los sectores afectados puedan manifestar su posición sobre normas que afectan a su actividad" concluyen.
En definitiva, "gravar la actividad bancaria de forma permanente con un impuesto extraordinario significa frenar la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo en el conjunto de la economía" concluyen.
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