Sumar propone eliminar los beneficios fiscales en la Declaración de la Renta para los arrendatarios que no acepten alquilar sus viviendas a un determinado precio máximo fijado por el Gobierno. La medida afectaría aproximadamente a unos dos millones de propietarios que ahora mismo aprovechan ese incentivo para poner los pisos vacíos en el mercado inmobiliario. Si la propuesta sale adelante, posiblemente muchos de estos propietarios se lo replantearán, lo que, a su vez, supondrá una reducción de la oferta de pisos disponibles para alquilar.
La propuesta de Sumar, publicada por ABC, forma parte de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado con María Jesús Montero. La formación de Yolanda Díaz pretende cambiar la regulación para que la reducción de entre el 50% y el 90% que se aplica sobre las rentas derivadas del alquiler de viviendas en el IRPF se aplique únicamente a los propietarios que acepten un tope a las mensualidades que cobran a sus inquilinos, según han asegurado a ABC fuentes de la formación.
Ese tope mensual se definiría por distritos censales, aprovechando la información estadística disponible sobre renta de los hogares y precios de la vivienda en alquiler, y se calcularía en función del salario medio disponible en cada distrito, que determina la Agencia Tributaria a partir de la información de las declaraciones de la Renta. El planteamiento de partida de Sumar es que ese alquiler de referencia sea equivalente al 30% de la renta media de los hogares de ese distrito censal, señala ABC
Dos millones de caseros afectados
Todos aquellos propietarios que alquilan una vivienda, tienen derecho a aplicar una reducción en el Impuesto de la Renta (IRPF) en el cálculo del rendimiento neto del capital inmobiliario (los ingresos recibidos por las cuotas del alquiler menos los gastos de mantenimiento y algunos impuestos de la vivienda).
Esta reducción es del 50%, con carácter general. Aunque en algunos casos, puede llegar incluso al 90% en viviendas con precios bajos situadas en zonas de mercado residencial tensionado, o al 70% en viviendas alquiladas por primera vez a jóvenes de entre 18 y 35 años.
Esta reducción de la base imponible por las rentas procedentes del arrendamiento de viviendas es uno de los beneficios fiscales más utilizados del Impuesto sobre la Renta, según datos de ABC proporcionados por el Ministerio de Hacienda. Más de dos millones de contribuyentes (2.033.555, en concreto) se beneficiaron de esta bonificación fiscal en el ejercicio de 2022, con un coste agregado para las arcas públicas de 716 millones de euros, lo que arroja un ahorro fiscal medio de unos 350 euros al año por propietario.
Si, tal y como pide Sumar, se elimina este beneficio para los arrendatarios que no acepten alquilar sus pisos al precio marcado por el Gobierno, muchos de ellos posiblemente retirarán los pisos del mercado, lo que sin duda agravaría la "crisis habitacional" que la formación de Yolanda Díaz pretende resolver a golpe de intervencionismo estatal.