El PSOE sigue empeñado en destrozar el mercado de vivienda. Tras bloquear la construcción, disparar la carga fiscal de los posibles compradores o inquilinos y amparar la okupación destrozando la seguridad jurídica, ahora, el PSOE plantea una medida que puede terminar de suponer el caos en la vivienda: plantea la venta de parques de vivienda social a ONG.
Las nuevas medidas que barajan los socialistas han sido plasmadas en un documento registrado en el Congreso. La primera de ellas pasa por "garantizar en una norma con rango de Ley la calificación permanente de las viviendas protegidas que se construyan sobre suelo de reserva privado y público para vivienda sujeta a algún régimen de protección pública, de acuerdo con los porcentajes establecidos en la legislación estatal". En estos momentos ya existe una reserva de un 40% con un margen para las promotoras que elimina la rentabilidad. Resultado: se ha bloqueado la construcción.
Las ONGs deberán cumplir las condiciones
La segunda medida pasa por "garantizar que no se podrán enajenar los bienes patrimoniales integrantes de los parques públicos de vivienda", pero, atención, "a no ser que sea a otras Administraciones públicas, sus entes instrumentales" o, y aquí llega la medida estrella, "a personas jurídicas sin ánimo de lucro, dedicadas a la gestión de vivienda con fines sociales, y mediante la obligación por parte del nuevo o nuevos titulares, de atenerse a las condiciones, plazos y rentas máximas establecidos, subrogándose en sus derechos y obligaciones". Llega la gestión de viviendas sociales por ONG.
El tercer punto del plan pasa por "garantizar la contribución financiera de la Comunidad Autónoma mediante partidas presupuestarias de inversión en políticas públicas de vivienda, al menos en una cuantía similar a las destinadas en esa Comunidad Autónoma por parte del Estado". Es decir, que si la CCAA hace lo que quiere el Gobierno, tendrá más dinero. Si no, no.
Cumplir con la media europea
"Incrementar urgente y progresivamente el parque de vivienda social y asequible, estableciendo objetivos a conseguir en unos plazos determinados, tal y como exige la ley estatal por el derecho a la vivienda", señala el último punto.
El argumento estrella de los socialistas señala que, "actualmente, la cantidad de vivienda social de la que deberíamos disponer para situarnos en la media europea del 9 % de vivienda pública, se calcula en 1,5 millones de hogares mientras que el parque de vivienda social (vivienda en alquiler de titularidad pública) está situado en el entorno de las 290.000 viviendas, es decir, un 1,5 % del parque de viviendas". De éstas, añade el PSOE, "unas 180.000 son de titularidad de las comunidades autónomas y entidades dependientes, y otras 110.000 viviendas son de titularidad de los ayuntamientos y entidades dependientes. Este parque de 290.000 viviendas sociales ofrece cobertura a un 1,6 % de los 18,6 millones de hogares que habitan en España".
Y añaden los socialistas: "En estos momentos de necesidad de vivienda de protección pública, debemos ser más ambiciosos. Apostamos por la protección permanente para las viviendas de protección pública, tanto en suelo público como en privado". Y con la posibilidad de acabar traspasando su gestión a ONG.