La batalla de banca y energéticas contra el Gobierno por el impuestazo (el gravámen temporal por los "beneficios caídos del cielo" que el Gobierno había prolongado hasta el próximo 31 de diciembre y que ahora quería convertir en permanentes) ha terminado con un claro vencedor: el sector energético y con un perdedor: el sector bancario.
Gracias a la defensa numantina que ha llevado a cabo, sobre todo, Repsol de sus intereses ha terminado por frustrar las pretensiones del gobierno. El hecho de que sus inversiones en Cataluña estuvieran en riesgo ha provocado que Junts se niegue a aprobar la medida del Ejecutivo.
Sin embargo, el sector bancario, aunque siempre se ha mostrado contrario a esta medida, no ha sido capaz de hacer valer sus intereses. El primero en mostrar su frustración ha sido el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, ha criticado que el nuevo impuesto a la banca que plantea el Gobierno "consagra, exagera y acelera la discriminación entre entidades". Tanto es así que, además, a CaixaBank es a quien más perjudica por lo que ha calificado este nuevo impuesto permanente como "Tasa CaixaBank".
Así lo ha expresado Gortázar en una rueda de prensa celebrada en la sede del banco en Valencia tras la presentación de los resultados hasta el tercer trimestre, en los que CaixaBank ha ganado 4.248 millones de euros, un 16,1% interanual más.
Gortázar ha lamentado que la nueva tasa sea progresiva, algo que ha dicho que "no tiene sentido" en el caso de personas jurídicas y ha dicho que perjudica especialmente al banco, ya que es la mayor entidad financiera en España.
Ha recordado que el actual impuesto tenía un carácter temporal para dar respuesta a la inflación existente en 2022, y ha dicho que ahora "está controlada" y que el crecimiento económico no se ha visto afectado.
"Por tanto, lo que era aquel gravamen deja de tener sentido y, por tanto, expira y de lo que estamos hablando ahora es de crear un nuevo impuesto a la banca", ha lamentado.
El consejero delegado ha admitido que le "gustaría que no se apruebe" el nuevo impuesto y ha pedido un diálogo sereno.
Asimismo, ha subrayado que este impuesto supondrá "un desincentivo a hacer crecer el crédito" y no ha descartado presentar recursos ante la justicia si consideran que no es ajustado a derecho.
Gortázar ha lamentado el efecto que puede tener este impuesto en la competitividad de la banca española, ya que los inversores preferirán entrar en el capital de otras entidades que no estén gravadas por este impuesto.
Ha señalado que en el caso de que un banco española entre en una operación de fusión transeuropea, la sede social de la nueva entidad difícilmente se situará en España si existe "un entorno tributario negativo".
"Nadie puede sorprenderse luego de que el sector bancario europeo, en el largo plazo, evolucione a que los centros de decisión no estén en España", ha alertado.
El consejero delegado ha explicado que intentarán convencer a los grupos parlamentarios para que voten en contra de la propuesta "porque a medio y largo plazo es muy dañino".