Mientras el Sindicato de Inquilinos sigue promoviendo su polémica huelga de alquileres amparándose en el derecho a la vivienda, cada vez son más los pequeños propietarios que se las ven y se las desean para ejercer el suyo por culpa de sus inquiokupas. Ese es precisamente el caso de Basi y su marido.
Con dos hijos de 16 y 20 años, estos madrileños se ven obligados a vivir con su madre, ya pensionista, mientras una familia de refugiados sirios lleva más de tres años en su casa sin pagarles ni un solo euro. "Y lo peor es que sé lo que les pagaba el Gobierno, porque ellos mismos me mostraron las ayudas que les daban por hijo, para alimentación y para alquiler. En total, 1.900 euros", dice indignada Basi, a los que se sumarían otros 400 más que, al menos cuando iniciaron los impagos, también les ingresaban desde Cruz Roja.
"Y mientras ellos en este tiempo han tenido otro bebé, yo no puedo ni comprarles unos tristes pantalones a los míos. No hay derecho", denuncia con la voz entrecortada la propietaria, que precisamente decidió alquilar el que era su hogar porque no tenía dinero para pagar la hipoteca. Lo sangrante de todo este asunto es que, además, los refugiados en cuestión venían amparados por una ONG que les prometió que no habría ningún problema porque el Estado les pagaba la renta.
"Y aquí estoy yo, cinco años después, viviendo con mi madre, en todo tipo de registros de morosos porque no nos llega el dinero para hacer frente a todos los gastos y tomando pastillas para dormir", lamenta la propietaria, que en estos momentos se encuentra de baja tras sufrir un grave accidente. "Y entre que ahora cobro menos y que mi marido es autónomo, te puedes imaginar", apunta.
Las promesas de la ONG
La historia se remonta al año 2018. Con mucho esfuerzo e ilusión, ella y su marido habían comprado una casa en Valdemoro en la que aspiraban a vivir con sus dos hijos hasta que fueran mayores. Sin embargo, sus sueldos apenas les daban para pagar la hipoteca, así que decidieron ponerla en alquiler y buscar ellos mismos otro piso de alquiler en otra zona más barata hasta mejorar sus ingresos.
Pensando en que así no correrían tanto riesgo, confiaron en una asociación que, aparentemente, ofrecía mucha seguridad. "Apareció una ONG que nos los pintó todo súper bien y que nos dijo que, al ser refugiados políticos que venían de Siria, ellos mismos les ayudaban a encontrar empleo y el Estado se hacía cargo del alquiler, por lo que no íbamos a tener ningún problema", explica.
Las cuentas de unos y otros
Los primeros meses, efectivamente, no lo hubo, pero pronto todo cambió. "En 2019 ya empezaron a pagar mal: más tarde, menos dinero… Luego había meses que no pagaban y en 2021 ya nos dejaron de pagar absolutamente todo -recuerda Basi-. Poco antes, me habían enviado un whatsapp diciéndome que a ellos les daban 560 euros de alquiler y que, como no llegaba a los 700 que habíamos fijado por contrato, o se lo bajábamos o nada".
La realidad, sin embargo, es que, con las cifras sobre la mesa, los que tenían y tienen un verdadero problema son los propietarios. "A esta gente le estaban dando en total más de 2.000 euros", resume Basi, que asegura que, además, al menos la mujer tenía trabajo. "Debía estar trabando en un comedor escolar o algo así, porque la vecina nos dijo que cuando llegaba a casa les ofrecía tuppers de la comida que les había sobrado".
Por aquel entonces, ella ya pagaba 800 euros de hipoteca; hoy va por más de 1.000. Y a eso hay que sumar 130 euros de comunidad al mes, impuestos y seguros. Incapaces de hacer frente a su propio alquiler, no tuvieron más remedio que hacer las maletas: "Ellos viviendo gratis, y nosotros en casa de mi madre y metidos en todos los registros de morosos. De verdad que no hay derecho", repite una y otra vez.
La versión de la ONG
En esta tesitura, decidieron recurrir a la ONG que les había convencido para alquilarles el piso. "La primera vez que fuimos nos dijeron que iban a hablar con ellos y que todo se iba a solucionar, pero, cuando ya dejaron de pagar del todo y volvimos otra vez, nos dijeron que ellos ya no los llevaban y que no podían hacer nada", recuerda indignada.
Desde Provivienda, la ONG a la que alude la propietaria, aseguran que, efectivamente, ellos ya no tienen nada que ver con estos refugiados. "En el tema de vivienda, dejamos de trabajar con esta familia en 2019. En la parte de empleo trabajamos un poquito más, hasta 2020, pero ya no hemos vuelto a saber nada más", alegan en declaraciones a Libre Mercado. Según su versión, las ayudas de alquiler para este tipo de refugiados duran exactamente 12 meses: "Y nosotros siempre se lo explicamos muy bien a los propietarios: que durante ese tiempo tienen unas ayudas, pero que, a partir de ahí, puede ocurrir cualquier cosa". Basi niega la mayor. "Si me hubieran dicho que solo les iban a pagar un año, directamente no se lo hubiera alquilado" denuncia indignada la propietaria, quien lamenta que "al final todo el mundo se lava las manos y encima con mentiras".
Con todo, la única esperanza de los propietarios es confiar en una Justicia que, sin embargo, sigue sin poner fin a su sufrimiento. Tras interponer la correspondiente denuncia, se han dictado dos lanzamientos. El primero se suspendió después de que los refugiados solicitaran un abogado de oficio en el último momento. El segundo consiguieron frenarlo solicitando una declaración de vulnerabilidad. "Todo gracias al decreto antidesahucios. ¡Si el Gobierno cree que realmente necesitan ayuda, que les lleve a otro sitio a sus propias casas, que tienen muchas!", dice Basi, que también ha tramitado su propia declaración de vulnerabilidad.
¿Quién es el vulnerable?
"Nosotros también la hemos solicitado, porque ya me dirás tú si es normal que estemos como estamos teniendo una casa. Y además es que ellos tienen que tener dinero -insiste-. Para empezar, porque en todo este tiempo ellos han tenido un tercer bebé, pero es que, además, a mí me han llegado a ofrecer pagarme seis meses de golpe a cambio de quitar la denuncia y el otro día incluso se ofrecieron a pagar un año entero. Es decir, que, como poco, tienen 8.400 euros… ¿Eso es ser vulnerable?".
Sea como fuere, Basi no está dispuesta aceptar el acuerdo: "A día de hoy, ya me deben cerca de 30.000 euros y con eso no me llega para pagar todo lo que debo, porque yo he tenido que ir pidiendo préstamos para pagar mis cosas. Además, ¿quién me garantiza que me paga eso y luego no se tira otros cuatro años viviendo gratis en mi casa?".
Su situación es desesperada: "Unos meses pagamos unos recibos y dejamos otros para el mes siguiente; y el mes siguiente pagamos los que hemos dejado el mes anterior y olvidamos los otros. Y gracias a Dios, en Iberdrola te van dejando pagar poco a poco, pero en casa de mi madre ya nos han cortado tres veces los suministros porque ella nos está intentando ayudar y no podemos llegar a todo. A mi hijo mayor, que ha empezado la Universidad, le ha tenido que pagar la matrícula y al pequeño, le ha tenido que comprar un par de pantalones de quita y pon, porque no tenemos ni para eso y mi madre es pensionista".
Y el sufrimiento de sus hijos, precisamente, es lo que más le duele. "Yo a mis hijos les he tenido que decir que no a miles de caprichos en estos 4 años. Mi hijo mayor se ha tenido que buscar un pequeño trabajo para poder aportar algo en casa. Y, mientras tanto, esos niños están viviendo fenomenal aquí. Y lo siento mucho, pero mis hijos no son menos que los suyos", dice Basi, que se encuentra totalmente atrapada.
"Ni siquiera podemos llegar a un acuerdo con el banco y hacer una dación en pago, porque para eso tendríamos que estar en paro -apunta-. Y claro… ¿Qué hacemos? ¿Encima nos despedimos de nuestros trabajos para poder hacer eso? De verdad que lo que pasa en este país no tiene ni pies ni cabeza".
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