El presidente argentino, Javier Milei, ha dado un paso más hacia la desregulación y modernización de la economía del país del Cono Sur con el anuncio de la liberalización del servicio postal. Esta decisión incluye la apertura total de dicho segmento a la competencia y abarca asimismo la intención de privatizar Correo Argentino, empresa equivalente al Correos español.
Este movimiento, impulsado por un decreto que acaba de poner encima de la mesa el Ejecutivo liberal, busca dinamizar un sector esencial, apuntando que, en un contexto de creciente digitalización y demanda de servicios ágiles y eficientes, el monopolio estatal resulta doblemente contraproducente, puesto que por un lado produce resultados decepcionantes y, por otro lado, impide la innovación, la inversión y el emprendimiento en compañías que ofrezcan el mismo servicio de forma más capaz.
"Con esta medida buscamos tener más competencia, mayor digitalización y mayor seguridad en materia de servicio postal" declaró al respecto Manuel Adorni, portavoz de la Casa Rosada. La apertura del mercado "permitirá que nuevos operadores entren con mayor facilidad, agilizando trámites de registro, ahora digitales y sin costo alguno". Empresas privadas podrán determinar libremente sus dotaciones de personal, modalidades de servicio y uso de locales y de transporte, ajustándose a las necesidades del mercado y a las demandas de los usuarios.
Esta medida se suma a una serie de reformas orientadas a reducir el tamaño del Estado y permitir que la economía funcione con mayor libertad. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ha tutelado estos cambios y ha recalcado que la regulación en vigor, heredada de los años 90, impone restricciones que limitan la competencia y la innovación en plena Era Amazon.
Un aspecto clave de esta reforma es la eliminación de las exclusividades del Correo Argentino en servicios como el envío de cartas documentales y telegramas. Según el gobierno, esto facilitará que cualquier operador pueda ofrecer estos servicios y, a su vez, abre la puerta a formatos digitales para las constancias y ejemplares, una modernización que promete mayor accesibilidad y comodidad para los ciudadanos y las empresas.
El gobierno también está evaluando opciones para privatizar el Correo Argentino, una empresa que ya estuvo en manos privadas entre 1997 y 2003. Aunque aún no se han especificado los detalles de la posible privatización, Sturzenegger mencionó en una entrevista reciente que el objetivo es estudiar todas las alternativas: "podría ser una privatización, concesión o incluso una transferencia de propiedad a los empleados", señaló el ministro.
La administración de Milei está decidida a avanzar con la privatización de empresas públicas, convencida de que el sector privado puede brindar servicios más eficientes y competitivos. De hecho, en los últimos días han trascendido nuevas informaciones sobre el futuro de Aerolíneas Argentinas que apuntan que la compañía será transferida a sus trabajadores en caso de que éstos bloqueen una venta. "No vamos a hacer que los contribuyentes sigan subsidiando una empresa que presta servicio a menos del 2% de la población y que opera en un segmento en el que hay decenas de alternativas privadas", dijo Sturzenegger en una entrevista en televisión.