La Justicia de Estados Unidos ha vuelto a fallar contra España en el escándalo de las renovables. La Corte del Distrito de Columbia, en una sentencia clave, ha reconocido la validez del laudo arbitral que condena al gobierno español a indemnizar a JGC Corporation, multinacional japonesa, por el daño causado por los recortes retroactivos en las primas a las energías limpias.
El juez Rudolph Contreras, encargado del caso, ha ordenado que el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) sea ejecutado en suelo estadounidense, equiparándolo a una sentencia de cualquier tribunal norteamericano. Además, ha especificado que España deberá pagar 36 millones de dólares, más intereses de demora, hasta que la deuda sea saldada.
La decisión del magistrado apenas abarca dos sucintos pero demoledores párrafos en los que dicta lo siguiente:
"Por las razones publicadas en la sentencia de esta misma Corte emitida el 26 de septiembre de 2024, se ORDENA que el laudo arbitral emitido el 9 de noviembre de 2021 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en el marco del caso ARB/15/27 (JGC Corporation vs Reino de España) se CUMPLA en los tribunales estadounidenses del mismo modo que si estuviésemos hablando de una sentencia final emitida por cualquier magistratura de nuestro país"
"Asimismo, se ordena que se reconozcan al litigante unas obligaciones que el pasado 15 de noviembre ascendían a 36.099.289 dólares, cifra a la que se sumarán los intereses de demora en las fechas que sigan, según la norma 28 USC 1961, acumulándose tales obligaciones hasta el día en el que el asunto quede finalmente resuelto".
El origen de la disputa radica en el desmantelamiento del sistema de incentivos a las energías renovables, una medida impulsada bajo el gobierno de Pedro Sánchez que ha generado una avalancha de demandas internacionales. La corporación japonesa, cuya inversión en España quedó arruinada por los cambios legislativos, acudió al CIADI amparándose en el Tratado de la Carta de la Energía. Este organismo reconoció en 2021 el derecho de JGC a recibir una indemnización de 27 millones de dólares, decisión que España intentó sin éxito anular entre 2022 y 2024.
Un fallo de gran impacto
Esta sentencia supone un paso más en la lucha de los inversores extranjeros por cobrar las indemnizaciones impuestas a España en más de 50 arbitrajes internacionales. Hasta ahora, los laudos suman un coste de 1.562 millones de euros, a los que se añaden 326 millones por intereses y costas. Sin embargo, el gobierno español sigue sin cumplir con sus obligaciones, consolidando la percepción de España como un país de riesgo jurídico para las inversiones.
El impacto no es solo económico. El fallo refuerza la posibilidad de ejecutar en Estados Unidos los laudos pendientes, circunstancia que ya se da también ante la justicia de Australia, Bélgica y Reino Unido, lo que añade presión sobre España y evidencia el deterioro de la seguridad jurídica derivado de los impagos. Este deterioro perjudica especialmente en un momento en que el país necesita atraer inversión extranjera, que se sitúa un 50% por debajo de los registros previos a la llegada al gobierno de Pedro Sánchez.
Los continuos impagos están teniendo un efecto devastador en la credibilidad internacional de España, que empieza a ser comparada con regímenes como el venezolano o el ruso en términos de incumplimiento de sentencias internacionales. Los daños económicos derivados de esta crisis de confianza se estiman en más de 7.340 millones de euros entre 2023 y 2024, afectando gravemente las perspectivas de desarrollo de nuevas inversiones en nuestro país.