La decisión de Teresa Ribera de impagar los laudos que condenan a España a indemnizar a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables sigue generando quebrantos al erario público. Según los afectados, la deuda acumulada por nuestro gobierno ronda los 1.880 millones de euros y se sitúa al menos 316 millones por encima de lo que habría pagado nuestro país en caso de haberse ceñido a cumplir con lo dispuesto en los más de 25 procedimientos que dan la razón a los denunciantes.
Sobre el papel, la cifra de fallos contrarios al Reino alcanza los 26, aunque esta cifra puede aumentarse próximamente, una vez se diriman algunos de los procedimientos que siguen siendo tramitados por instancias como el CIADI, tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial. Estos 26 pronunciamientos se traducen en una deuda de 1.562 millones de euros.
Esta cifra incluye indemnizaciones muy abultadas, como los 300 millones pendientes de pago a la alemana E.ON o los 290 millones que se deben abonar a la estadounidense NextEra. También se sitúan en cifras de tres dígitos los casos ligados a Antin o a la filial de energías renovables de Toyota, Eurus, dos laudos que imponen un pago de más de 100 millones, en cada caso. De igual modo, la lista de acreedores también incluye a compañías como la alemana RWE o la francesa EDF.
El caso es que, al optar por incumplir estos laudos y estirar el proceso recurriendo a todo tipo de artimañas legales, el gobierno de España se ha visto obligado a enfrentar distintos desembolsos y también ha visto como la deuda ha seguido aumentando a un ritmo que roza los 100.000 euros diarios de incremento de las obligaciones derivadas a este escándalo.
El ejemplo más claro son las condenas en costas que se han impuesto a España en los 26 procedimientos en los que nuestro país ha sido condenado. Según los acreedores, estas decisiones han generado una factura de 80 millones de euros que, de hecho, se sitúa marcadamente por encima de los 60 millones que adeudaba el Reino hace ahora un año, a mediados de 2023.
Otro ejemplo evidente es el aumento de los intereses de demora, que elevan las indemnizaciones según el tipo de interés decretado en cada laudo. Esta circunstancia ha generado un encarecimiento de 158 millones en el monto total pendiente de pago, lo que supone un incremento interanual de casi 32 millones. La cifra seguirá creciendo mientras no se zanjen las deudas.
El tercer ejemplo son los gastos del gobierno dedicados a prolongar los impagos a base de reclutar a todo tipo de abogados y consultores. En total, la cifra de dispendios dedicados por el Ejecutivo a este tipo de acciones ronda los 70 millones, según estimaciones presentadas por las empresas afectadas y generadas a partir de los gastos que el propio gobierno ha comunicado en las estimaciones de costas previas a la publicación de los fallos.
Pero estas cifras solamente aluden a la deuda existente y los sobrecostes financieros y legales. ¿Qué hay, entonces, del impacto reputacional de la controversia? Los afectados han presentado un informe en el que se estima el efecto que están teniendo los embargos de bienes a España y el proceso de default técnico que se derivan de los impagos. Dicho estudio alega que nuestro país ha sufrido un golpe de 7.340 millones de euros como resultado de la negativa del gobierno a cumplir con sus obligaciones legales internacionales.