El ministerio de Hacienda ha reaccionado con visible enfado ante el fiasco de buena parte de las 46 medidas recaudatorias que María Jesús Montero quería introducir en el organigrama tributario español "por la puerta de atrás". Aunque algunas de las propuestas de los socialistas han salido adelante, buena parte del estallido recaudatorio que quería consolidar Hacienda se ha venido abajo tras varias caóticas reuniones de las comisiones parlamentarias del ramo, incluida una celebrada hasta más allá de la medianoche del pasado día lunes 18 de noviembre.
Ante esta deriva, altos cargos de Hacienda se han lanzado a las redes sociales a criticar varios informes independientes que se han conocido en los últimos días y que hacen referencia a la evolución de la política fiscal del gobierno de Sánchez. En uno de estos mensajes, se acusa al Instituto Juan de Mariana de emplear un dato de presión fiscal, afirmando que el incremento de la recaudación sobre el PIB bajo mandato de Sánchez habría sido inferior de lo que afirma el think tank liberal.
Desde las filas de Hacienda se han lanzado críticas similares en el pasado hacia el Instituto de Estudios Económicos, cuyo Índice de Competitividad Fiscal, publicado en los últimos días, también sitúa a España como uno de los países que más ha incrementado la recaudación en relación con el PIB, recalcando asimismo que esta situación es especialmente gravosa en un país cuyo paro duplica la media europea, cuya economía sumergida es de mayor tamaño que la observada entre buena parte de nuestros socios comunitarios y cuyo PIB per cápita lleva un lustro estancado.
Una de las maniobras mediante las cuales Montero y su equipo han ocultado la incidencia real de la presión fiscal ha sido configurando algunas de las subidas de impuestos aprobadas en los últimos años como una "prestación patrimonial de carácter público", en vez de como un gravamen al uso. De esta manera, lo recaudado en tributos como el que se impuso a las empresas energéticas o el gravamen que se aplicó a los bancos no se registra en la contabilidad nacional como parte de la presión fiscal ordinaria, sino como otra vía de ingresos.
Mediante este tipo de tretas, el Ejecutivo reduce la transparencia del sistema tributario y contribuye a generar confusión. Así, si tomamos simplemente los agregados impositivos ("Tax aggregates"), como hace el ministerio, vemos que esta rúbrica sube efectivamente del 35,2% al 37% del PIB de 2018 a 2023. Sin embargo, si agregamos las distintas fórmulas de recaudación en las que se apoya Hacienda ("Government revenue") y que suponen la carga total soportada por empresas y familias resulta que el indicador pasa del 39% al 41,9%. La diferencia, pues, está en que, frente a un aumento de 2,9 puntos, se pretende usar como referencia un indicador más limitado, según el cual la subida fue de 1,8 puntos. Con esta maniobra, Hacienda pretende ocultar el 40% de la subida real de la presión de la recaudación sobre el PIB.
Duro reproche del IEE
Desde el IEE recalcan que "es importante mejorar la calidad legislativa y reforzar la confianza en nuestras instituciones. Resulta totalmente reprobable que se pretendan aprobar nuevos impuestos y/o subir los ya existentes mediante abusos legislativos, entre los que destaca el uso abusivo y generalizado de la figura de enmiendas al articulado de proyectos de leyes de otras cuestiones en sus fases finales de tramitación".
La peor iniciativa al respecto es la vivida en las últimas semanas, "cuando se ha planteado lo que es una reforma fiscal encubierta, aprovechando la fase final de tramitación de un proyecto de ley específico e incorporando un cúmulo de enmiendas que afectan a múltiples figuras tributarias como el ahorro, banca, seguros, gasóleos, etc. El Tribunal Constitucional prohibió en su día aprobar nuevos impuestos o modificar los ya existentes mediante las leyes de presupuestos o la utilización de las figuras del decreto ley, figuras ambas que tienen una tramitación más abreviada y por definición menos garantista".
Para evitar estas disfunciones, "los nuevos impuestos se deben aprobar mediante proyectos de ley específicos que garanticen los tramites de participación pública y de audiencia a los interesados, supervisión de órganos constitucionales, la participación en su elaboración de los equipos técnicos funcionariales de los ministerios y, en su caso, la incorporación de enmiendas de mejora".
Las propuestas de nuevos impuestos, planteadas en las últimas semanas, "al no seguir estas vías preceptivas obligadas, resultan en normativas de ínfima calidad técnica especialmente contraproducentes, que no se han beneficiado de los procesos que garantizan que las normativas tributarias sean técnicamente de calidad. El punto de partida a seguir deben ser las figuras de proyectos de ley específicos redactados por los órganos ministeriales especializados, con informes preceptivos, trámites adecuados de audiencia y participación pública, plazos suficientes para incorporar procesos de enmiendas, como vía para incorporar las reflexiones de la opinión pública y/o las de los directamente afectados".
De cualquier modo, "se deben evitar las enmiendas forzadas a leyes en tramitación y la aprobación de proposiciones de ley, -que no sean las de la oposición, que no cuenta con otra alternativa-, ya que las normativas resultantes, muy condicionadas por lo que no son sino meros acuerdos políticos partidarios, muchas veces resultan incompatibles con los principios obligados de buenas prácticas legislativas y, en especial, con el interés general, que exige el respeto al principio de separación de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial) que legitima la naturaleza y el funcionamiento del estado de derecho en una democracia moderna y propia de un país avanzado".
El PP, contra Montero
El Partido Popular ha cargado contra Hacienda por esta cuestión. Por ejemplo, en referencia con el impuesto energético, recalcó que "la figura jurídica que se utilizó, la prestación patrimonial pública de carácter no tributario, es conceptualmente errónea. Dicha fórmula debe ser empleada en alusión a la financiación de servicios públicos prestados en régimen de concesión o similar, como por ejemplo los servicios aeroportuarios, el suministro de agua, etc.". En cambio, "si lo que se pretende es gravar los beneficios de las empresas de un sector, hay que utilizar figuras tributarias, puesto que son coactivamente impuestas y gravan magnitudes indicativas de la capacidad económica de las empresas". En este sentido, los populares consideran que esto genera "inseguridad jurídica" y "falta de transparencia".