El CEO de la compañía energética alemana Aream, Thomas Hopp, ha participado en la IV Conferencia Internacional sobre Energías Renovables, Inversión y Seguridad Jurídica. A lo largo del evento, celebrado en Bruselas, el ejecutivo teutón cargó contra el gobierno español, denunciando los impagos que están sufriendo los afectados por la retirada retroactiva de las primas renovables.
Hopp recordó la inversión conjunta que su compañía, el Grupo Aream, llevó a cabo en España: "en su momento lideramos un proyecto de co-inversión que aglutinó 4.000 personas por valor de unos 35 millones de euros que fueron dedicados a distintos proyectos de energías renovables en España". Explicó que, en aquel entonces, "instalar 1 MW de potencia suponía un coste diez veces mayor que en la actualidad".
El germano explicó que el esquema que planteó España "fue exitoso a la hora de abaratar la producción de energía verde en todo el mundo, porque captó más de 70.000 millones de inversión que ayudaron a impulsar estos proyectos y, por el camino, facilitaron que estas tecnologías se volviesen más asequibles". Sin embargo, en 2011 y 2013 se produjeron "modificaciones atroces del régimen de primas renovables", dejando a cero al rentabilidad de su inversión, canalizada a través de proyectos como la mercantil SolEs Badajoz.
Hopp subrayó a continuación que entre los afectados por estos cambios se incluye a muchos co-inversores de clase media: "conozco a jubilados, profesores o incluso barrenderos que formaron parte del proyecto de Aream en España. Todos ellos, como nosotros, creían que España era un país serio". Ante esta situación, Aream decidió denunciar a España por 95 millones de euros en 2015 y, en 2019, "se nos reconoció una indemnización de aproximadamente 41 millones".
Sin embargo, al intentar articular el pago, España no respondió a los afectados: "preguntamos y no nos respondieron. Volvimos a preguntar y, de nuevo, dieron la callada por respuesta. Nuestros abogados lo intentaron de nuevo y, otra vez, nada". Actualmente, "4.000 co-inversores están pendientes de una compensación que ya alcanza los 51 millones, al sumar intereses de demora y condenas en costas, y el gobierno español ni siquiera se ha dignado a cogernos el teléfono o reunirse con nosotros".
Hopp señaló que "la estructura de los proyectos era el factor clave. Nuestras inversiones estaban planteadas en horizontes de 25 años, que es la franja temporal para la que se habían planteado las primas renovables. Si se hubiesen planteado otras rentabilidades, u otros periodos de duración de los incentivos, las inversiones quizá no se habrían materializado". Así pues, los proyectos que se llevaron a cabo "vieron alteradas las condiciones de inversión hasta el punto de vaciarlos por completo de rentabilidad".
En cuanto al contexto actual, Hopp comentó que el Green New Deal de la UE "llega en un momento en que los desarrollos tecnológicos son más avanzados que antaño, pero el desarrollo de estas nuevas energías requiere capital - y ese capital no va a llegar si no se resuelven primero los problemas de confianza que se han generado con estas decisiones tan lamentables que han tomado las autoridades en España y que Europa debe ayudar a revertir".
Al reflexionar sobre esta situación, lamentó que "han pasado muchos años y sigo sin entender cómo se nos ha podido tratar de esta forma". Criticó que, aunque Europa habla de captar inversiones, "los datos muestran que cada vez hay menos inversión a este lado del mundo… Hacer negocios en Europa se ha vuelto cada vez más complicado, porque se interfiere en las decisiones de mercado de arriba abajo, de una manera que a veces me recuerda a lo que pasaba hace décadas en los países del Este, que es precisamente donde más necesario fue impulsar acuerdos como el Tratado de la Carta de la Energía, que nace en gran medida para superar la desconfianza que despertaban los países que venían del comunismo".
Al hablar de posibles soluciones, sugirió que "lo primero sería que al menos hablen con nosotros, que se dignen a coger el teléfono o a reunirse con nosotros para que podamos desbloquear esta cuestión". Afirmó que los afectados "están preparados para resolver lo sucedido de forma razonable. El laudo a nuestro favor puede servir como guía, puesto que tasa claramente el prejuicio económico que se nos generó pero, francamente, lo verdaderamente importante ahora mismo es que no nos ignoren y no nos saboteen más. No podemos seguir así".