El pasado mes de octubre, el gobierno de Pedro Sánchez anunció un "tasazo" de basuras que será de cumplimiento obligatorio para los gobiernos municipales. Los alcaldes se han visto obligados a desarrollar este nuevo gravamen a raíz de la aprobación de la Ley de Residuos, uno de los proyectos estrella de la ya ex ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien dejó todo atado para que los gobiernos municipales no tuviesen más remedio que introducir este gravamen.
Hasta ahora, muchos gobiernos municipales no cobraban una tasa de basuras y otros moderaban su impacto para que no llegase a alcanzar el umbral que ahora se pretende generalizar y que significa que todos los municipios deberán sufragar el 100% del coste de este servicio, siguiendo las directrices que ha marcado el gobierno de Pedro Sánchez.
Ante la resistencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Ribera alegó que este cambio fiscal se deriva de una normativa europea. Sin embargo, precisamente ahora que la ex ministra de Transición Ecológica acaba de empezar su periplo como comisaria en Bruselas, las instituciones comunitarias han puesto de manifiesto que la aplicación del "tasazo" no es, en absoluto, un dictamen que emana de la Unión Europea y que, por tanto, se debe aplicar por obligación.
"Vamos a desenmascarar esta mentira"
Como explica la eurodiputada del Partido Popular, Alma Ezcurra, "el gobierno nos decía que este "tasazo" de basuras que entra en vigor en enero de 2025 venía impuesto por Bruselas, pero desde el Parlamento Europeo se lo hemos preguntado a la Comisión y su respuesta ha sido muy clara, que ha negado que esta subida fiscal venga decretada por las instituciones comunitarias".
"Esto ya ni siquiera es fanatismo climático, sino la pretensión de sabotear a tantos y tantos ayuntamientos donde el Partido Popular arrasó al Partido Socialista en las últimas elecciones. Quieren obligar a estos alcaldes a subir las tasas a los vecinos y que ya no se pague el servicio de basuras con remanentes de Tesorería o con otros recursos municipales, que es lo que defendemos nosotros", apunta la política madrileña.
"Una vez más, la izquierda quiere imponerle al ciudadano de a pie el precio para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder, pero les estamos desenmascarando, porque ahora van a tener que explicar qué pretenden hacer con esta subida de impuestos, que supone 3.800 millones de euros de incremento recaudatorio", explica Ezcurra. "Mal empieza Teresa Ribera, primera semana en el cargo y primer fracaso: sus propios compañeros reconocen públicamente que miente", concluye.
La prueba de la mentira de Ribera
A continuación se puede comprobar la pregunta remitida por los europarlamentarios del PP:
En su respuesta, la Comisión Europea apunta que "las autoridades locales pueden adoptar otras medidas" y que dichas soluciones "pueden variar, además, en función de los agentes a los que se impongan", negando así el discurso de Ribera según el cual Bruselas impuso a España la obligación de sacar adelante el "tasazo" de basuras.
A partir de 2025, los Ayuntamientos deberán cobrar esta tasa, con un impacto recaudatorio de 3.800 millones de euros. En el caso de Madrid, por ejemplo, se estima que el golpe será de 140 euros por familia, generando unos 256 millones de incremento recaudatorio para la corporación local.
La ayuntamiento de la capital recuerda que el gobierno no tenía la obligación de aplicar una tasa de estas características, como ha demostrado la respuesta de la Comisión a las preguntas de los europarlamentarios del PP, y ha responsabilizado exclusivamente al gobierno de Sánchez por su "voracidad fiscal". Asimismo, desde Cibeles denuncian "la indefinición y las dificultades jurídicas del gravamen", alertando de escenarios similares a las reclamaciones masivas por el diseño de la nueva plusvalía municipal.
La Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda Pública Local también se ha sumado a las críticas al gravamen, alertando de la deficiente técnica con la que se ha definido un impuesto que debe implantarse de forma generalizada a partir de 2025.
Asimismo, también se habla ya del posible efecto de segunda ronda que podría tener el ‘tasazo’ en el precio de los alquileres, en la medida que el gravamen puede ser asumido inicialmente por los propietarios pero, a continuación, puede terminar siendo repercutido sobre los inquilinos, como sugiere la teoría económica sobre los costes reales de los impuestos.
Desde el Partido Popular, que controla numerosos ayuntamientos tras los buenos resultados cosechados en las elecciones municipales de 2023, apuntan que el tributo "será compensado con otras rebajas fiscales y bonificaciones".