"Desconcierto total" entre los ayuntamientos españoles ante nueva tasa de basuras que se van a ver obligados a cobrar a los ciudadanos a partir del próximo mes de abril de 2025.
"Esto es un caos para los 8.000 ayuntamientos que hay en España. Buena parte de ellos no saben cómo aplicar la tasa y no paran de llamarse unos a otros para ver qué va a hacer el vecino. Es un despropósito" lamenta una fuente de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local (ANIHPL). No es la primera vez que esta asociación alerta del "pánico" ante la entrada en vigor de la tasa.
"La Comisión Europea no obliga a la tasa"
Fue en abril del año 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó la "Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular". En esta norma, el Ejecutivo incluyó la obligación a los ayuntamientos de establecer, en el plazo de tres años, "una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria". Esta debería ser "específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos".
Al contrario que la tradicional "tasa de basuras", que muchos ayuntamientos llevan años sin cobrar, la ley aprobada por el Ejecutivo fuerza a todos los Consistorios a aplicarla. "El Gobierno se ha excusado en que se trata de una imposición de la Comisión Europea, pero la realidad es que sólo es una recomendación. La Comisión Europea lo que hace es fijar unos objetivos en el tratamiento de los residuos y de reciclaje, pero no obliga a crear una tasa para ello" explican los inspectores.
Así lo corrobora el propio Ministerio de Hacienda, en un documento que envió a los ayuntamientos para explicar algún detalle más del tema: la tasa es una recomendación. "En 2018 la Comisión Europea alertó a España indicando que estaba en riesgo de incumplimiento del objetivo de reciclado para 2020, haciendo un total de ocho recomendaciones. Entre dichas recomendaciones se encontraba la introducción de instrumentos económicos. En concreto, proponía dos: el establecimiento de tasas obligatorias sobre los residuos municipales para los hogares" señala el texto.
"Los ayuntamientos quedan como los culpables"
Una de las mayores críticas de la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Pública Local al Gobierno es que "haya dejado en manos de los ayuntamientos la elaboración de la fórmula de la tasa para que, de cara al ciudadano, los ayuntamientos queden como los culpables" aseguran. Y es que, el Gobierno no ha dejado instrucciones para su cálculo o confección, excepto detalles mínimos, como que se reduzca para familias en riesgo de exclusión social, "lo que está suponiendo un auténtico quebradero de cabeza para los ayuntamientos", señalan los inspectores, que celebrarán los días 7 y 8 de noviembre en Granada un congreso donde tratarán el tema.
Como ya pasara con la Plusvalía Municipal, los inspectores auguran que la tasa acabará en los tribunales poniendo en graves apuros a los ayuntamientos que "si pierden, tendrán que devolver el dinero años después" al asfixiado contribuyente. Las mismas fuentes avisan de que "es seguro que asociaciones de vecinos, y de todo tipo, acudirán a la Justicia para revocar la tasa, que igual no está bien formulada porque los ayuntamientos no saben. Entonces, ganarán".
Varios estudios calculan que la puesta en marcha de la tasa supondrá unos ingresos de más de 3.000 millones de euros a los ayuntamientos y de más de 100 euros al año por hogar en muchos casos.
Aparecen los insumisos
Este es el caso del Ayuntamiento de Madrid, que ha presentado hace unos días la fórmula de la cuota de la tasa, que será la suma de una tarifa básica y una tarifa por generación. Para el cálculo de la tarifa básica, "se ha tenido en cuenta el dato del valor catastral individual de cada vivienda o local, mientras que para la de generación, se ha tomado en consideración la cantidad de residuos generados y el porcentaje de calidad de la separación de cada uno de los 131 barrios de la ciudad, aportado por el Parque Tecnológico de Valdemingómez" explica el Consistorio de Almeida.
Según sus cálculos, en el caso de las viviendas, el recibo medio que los madrileños tendrán que pagar se sitúa en los 141 euros extra, mientras que los inmuebles de uso comercial tendrán una cuota media de 310 euros. Almeida ha anunciado esta cifras junto a una rebaja del IBI, que no cubrirá, ni de lejos, el tasazo (baja el IBI a 2,2 millones de recibos en 31 millones de euros). Otros ayuntamientos, como el de Alcalá de Henares, también han optado por rebajas de IBI mientras aprueban el tasazo, aunque, eso sí, siempre podrían bajar muchos más impuestos municipales para contribuir a ese balance neutral para el ciudadano.
Diferente es el caso del Ayuntamiento de Alcobendas, que se niega a elaborar la fórmula con anticipación y prefiere esperar a ver qué ocurre en abril. Su alcaldesa, Rocío García, ha asegurado hace unos días que "nos negamos a cobrarla salvo que lo imponga la ley a partir del 15 de abril de 2025".