A pesar de la rotunda oposición de Francia, Países Bajos y buena parte del sector rural, este viernes la Unión Europea y Mercosur han cerrado el acuerdo para el tratado de libre comercio después de casi 25 años de negociaciones. El texto tendrá que pasar ahora por un proceso de ratificación en ambos bloques.
El pacto cuenta con el apoyo de países como Alemania o España. De hecho, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha sido uno de los primeros en celebrar el acuerdo que supone "el logro más importante" de la política comercial y marcará "un antes y un después" al reforzar la "alianza estratégica" entre Hispanoamérica y la UE, según ha señalado.
Sin embargo, Francia está dispuesta a tumbar un acuerdo que consideran "una competencia totalmente desleal" que chocaría de lleno con las producciones francesas y con las normas medioambientales europeas. Desde hace semanas, el Gobierno galo están intentando formar una coalición de veto junto a otros países. Para lograrlo, necesitaría un bloque de al menos tres países que representen más del 35% de la población de la UE, y asegura que ya cuenta con el apoyo de Italia y Polonia.
Por su parte, Von der Leyen ha insistido en que este acuerdo con Mercosur "no es solo una necesidad económica, sino también una oportunidad política". También ha recordado que supone derribar barreras que permitirán el ingreso de inversiones en un mercado de más de 700 millones de personas. Y recalcó que será "una ganancia" para la UE, que tiene 60.000 empresas exportando al Mercosur, pues el pacto –pronosticó– permitirá que se ahorren 4.000 millones de dólares.
Agricultores contra Mercosur
Sin embargo, los agricultores de los países miembros están en contra de este acuerdo porque, explican, no plantea las mismas exigencias medioambientales para los productos importados desde Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia (los integrantes de Mercosur).
"Los países del Mercosur no están en condiciones de adoptar normas similares impuestas a los agricultores europeos. No podemos aceptar un acuerdo que penaliza a los productores de la UE por cumplir estas normas, al tiempo que permite las importaciones de países que no se enfrentan a los mismos requisitos", ha señalado Copa-Cogeca, la unión de las asociaciones agrarias con mayor representación a nivel europeo.