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Libertad de elección sanitaria no sólo para los funcionarios

Esa libertad de elección es beneficiosa para todos los ciudadanos, no sólo como demandantes de servicios sanitarios, sino también como contribuyentes.

Tal y como era previsible, el Gobierno ha aprobado la nueva licitación del concierto de Muface después de que, el pasado mes de noviembre, la primera quedara desierta. Las nuevas condiciones planteadas por el Ejecutivo incorporan varias novedades: la primera, la vigencia, ya que el convenio, que en principio iba a ser para los dos próximos años, incluye un año más y se extiende hasta 2027. Otra de las novedades es el porcentaje de la prima, que asciende al 33,5% y se reparte en esos tres años.

Aunque esta nueva oferta aumente considerablemente la oferta que el gobierno hizo hace un mes de incrementar la prima un 17,12% distribuido en dos años, está por ver que las compañías aseguradoras la acepten. Y es que, aunque el gobierno aumente la prima media por mutualista de 1.032, 12 euros que paga actualmente a los 1.262, 28 en 2027, seguirá muy lejos de los 1.736 por habitante que el Estado se gastaba en el Sistema Público de Salud en 2023 y de los más de 2.000 euros que ya se viene gastando por habitante en 2024.

Esta es de hecho la razón, la económica, por la que el gobierno ha mejorado -ya veremos si suficientemente- la oferta de los conciertos que Muface mantiene con entidades privadas como Adeslas, Asisa y DKV. Y es que la alternativa a no hacerlo, es decir el desmantelamiento de Muface y la erradicación de la libertad de elección sanitaria que asiste a los funcionarios —tal y como pretende el sector más ultraizquierdista del gobierno, empezando por la ministra de Sanidad—, llevaría al colapso al ya en ciertos aspectos saturado sistema público de sanidad o a disparar en mucha mayor medida los recursos que actualmente se le dedican. Téngase en cuenta que más del 80 por ciento de los funcionarios eligen la sanidad privada, por lo que serían más de millón y medio de personas, entre titulares y beneficiarios, los que pasarían a depender del ineficiente sistema público de Salud en caso de que no alcanzase finalmente un acuerdo.

Y es que, llegados a este punto, y al margen de que se llegue o no a un acuerdo, la cuestión que cabe plantearse es por qué no se amplía la libertad de elección que todavía gozan los funcionarios al conjunto de los ciudadanos, cuando, además, la competencia que esa libertad de elección genera es beneficiosa para todos ellos, no sólo en su condición de demandantes de servicios sanitarios, sino también en su condición de contribuyentes. Poder elegir de forma "gratuita" —léase a cargo del contribuyente— asistencia sanitaria pública o asistencia sanitaria privada no debería ser el privilegio de los funcionarios sino el derecho de todos los ciudadanos que, a la postre, son los titulares del derecho a la sanidad "gratuita".

Es evidente que sólo la izquierda más extrema que cogobierna con Sánchez es partidaria de erradicar el privilegio por la nefasta vía de igualar a todos por abajo, es decir, privando a los funcionarios de la libertad de elección. Pero, desgraciadamente, no abunda en nuestra clase política quienes pretenden erradicar ese privilegio por la vía de mejorar a todos por igual concediendo a todos esa libertad de elección entre sanidad privada y sanidad pública de la que sólo gozan —y mayoritariamente eligen— los funcionarios.

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