España lidera en 2024 el Índice de Incumplimiento de Laudos Arbitrales que elabora anualmente la consultora NL Investment Consulting, con la autoría del profesor holandés Nikos Lavranos, toda una eminencia en el campo de los arbitrajes internacionales.
El informe detecta que España se ha negado a cumplir las sentencias de arbitraje que condenan al país ibérico a indemnizar a 25 compañías afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables, acumulando obligaciones por cerca de 1.500 millones de euros, cifra a la que hay que sumar alrededor de 345 millones en concepto de sobrecostes judiciales y financieros, por las condenas en costas, los intereses de demora y la contratación de consultores y abogados.
España es, por segundo año consecutivo, el país con mayor número de laudos pendientes de pago (25), por delante de Venezuela (20) y Rusia (10). México, Argentina, Perú, Polonia, Libia, Ucrania y Ecuador completan las diez primeras posiciones, seguidos de Kirguistán, Kazajistán, República Checa e India. Croacia, Italia, Canadá, Rumanía, Georgia y Colombia tienen un único laudo pendiente de pago y la cantidad adeudada solamente es significativa en el caso croata (184 millones de dólares), mientras que en el resto de las disputas hablamos de diferencias valoradas en menos de 20 millones.
El ranking al completo se puede consultar a continuación:
Embargos y soluciones
Los embargos de bienes pueden acabar resolviendo buena parte de las deudas acumuladas por Venezuela, puesto que los tribunales de Estados Unidos han fallado a favor de los afectados y próximamente se pueden concretar medidas compensatorias que pueden terminar resolviendo las disputas que siguen en el aire. Este tipo de medidas también empiezan a acumularse contra España, como muestran las decisiones de incautación cautelar de bienes y activos de nuestro país que han autorizado o pueden autorizar próximamente los tribunales británicos, belgas, australianos y estadounidenses.
Por su parte, el informe del profesor Lavranos indica que, a lo largo de 2024, Perú y Ecuador han empezado a negociar con sus acreedores para zanjar sus laudos. Argentina está haciendo lo propio, desde el compromiso férreo que ha expresado su presidente, Javier Milei, en lo tocante a respetar las reglas de juego y los compromisos adquiridos. En Europa, los gobiernos de Italia y Polonia han señalado su voluntad de poner fin a esta problemática.
Sobre el TCE
Aunque España y la UE han abandonado el Tratado de la Carta de la Energía, dicho acuerdo estaba plenamente en vigor cuando se concedieron las primas renovables y también seguía en pie cuando fueron retiradas, de modo que las garantías de seguridad jurídica ofrecidas por el TCE son de plena aplicación para los casos que afectan a nuestro país, que además era y sigue siendo firmante del Convenio del CIADI, el tribunal de arbitrajes del Banco Mundial que ha canalizado la mayoría de las disputas.
Por lo tanto, no sorprende que los tribunales de Estados Unidos, Reino Unido, Australia o Suiza hayan rechazado los argumentos de España y, en el caso de los tres primeros países mencionados, hayan registrado y reconocido los laudos, dando ya pie a distintos embargos en el caso de la justicia británica. En el seno de la UE, también se han anunciado medidas compensatorias como el embargo que ha practicado la justicia belga a los pagos de Eurocontrol a Enaire, una medida reclamada por las empresas que están sufriendo los impagos del gobierno de Pedro Sánchez.
Aunque se ha invocado la transición energética como un argumento para dejar el TCE, la mayoría de las disputas que se han tramitado bajo dicho acuerdo atañen a las energías renovables, que suman 94 de los casos de arbitraje ligados al Tratado, frente a 54 casos ligados a los combustibles fósiles o 5 a las nucleares. El caso de España es paradigmático, puesto que, hasta la reciente denuncia interpuesta por Berkeley en relación con un proyecto de minería, el resto de litigios aludían a las energías renovables. Mirando al futuro, el país ibérico y las instituciones comunitarias no lograrán generar confianza entre los inversores si no resuelven los litigios pendientes de pago, lo que dificultará enormemente la captación de capital para financiar la deseada transición energética.