El gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha el proceso de salida de España del Tratado de la Carta de la Energía (TCE). El Ejecutivo de coalición entre socialistas y comunistas alega que dicho acuerdo dificulta la transición ecológica, pero lo cierto es que dicho acuerdo internacional no protege ninguna forma concreta de producción energética, sino que simplemente se limita a ofrecer garantías jurídicas para las inversiones en el sector.
Se da la circunstancia, además, de que España ha sido denunciada en 51 ocasiones por incumplir el TCE - y en todos y cada uno de estos casos, los litigios están ligados a la retirada retroactiva de las primas renovables. Por tanto, aunque la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, insiste en que el TCE no es compatible con su "agenda verde", lo cierto es que son precisamente las empresas que invirtieron en desarrollos de energía "limpia" las que han tenido que recurrir a los mecanismos de protección incluidos en el tratado, puesto que sus derechos se vieron vulnerados con la retirada retroactiva de los incentivos prometidos.
El Partido Popular ha movido ficha ante esta maniobra del gobierno y ha presentado una enmienda a la totalidad que gira en torno a cuatro grandes consideraciones. Los de Alberto Núñez Feijóo alegan que "la tramitación por el procedimiento de urgencia no está suficientemente sustanciada". El propio gobierno admite que, "según el artículo 47.3 del TCE, las disposiciones del tratado relativas a las inversiones continuarán siendo de aplicación durante un periodo de veinte años a partir de la fecha en que surta efecto la salida del acuerdo", de modo que no tiene sentido plantear como urgente una decisión que solamente sería efectiva a partir de 2044.
El gobierno señala en su propuesta de retirada que el TCE "pone en riesgo los objetivos climáticos marcados por España y la UE, al desincentivar el fomento de políticas de transición energética, por el temor a ser demandados por algún inversor extranjero ante un tribunal de arbitraje". En la misma línea, el Ejecutivo apunta que el TCE "protege las inversiones en energías fósiles y, desde el punto de vista de la protección de inversiones, no reporta beneficios a los inversores españoles". Sin embargo, la enmienda a la totalidad del PP recuerda que estas justificaciones "carecen de sentido para España en la situación actual, puesto que la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, en su Título III, relativo a la Transición Energética y combustibles, nos dota de un marco legal que desincentiva e incluso prohíbe (artículo 9) cualquier tipo de inversión en energías fósiles por lo que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático, no existe riesgo de inversión en energías fósiles".
Asimismo, el PP recuerda que, "en cualquier caso, la denuncia y abandono del TCE no protegería a España de un arbitraje o laudo internacional por cualquier inversión en energías fósiles ya realizada, puesto como contempla el propio artículo 47.3 del TCE estas tendrán una protección de 20 años desde la salida del TCE".
La burbuja de ZP
Los azules también censuran que el gobierno español afirme que el TCE dificulta la transición ecológica, "puesto que los arbitrajes interpuestos contra España han sido precisamente por el fomento de energías renovables al amparo de las generosas tasas de retorno ofrecidas por el Real Decreto 661/2007, el Real Decreto 661/2007 o el Real Decreto 1578/2008, bajo gobierno del presidente Rodríguez Zapatero". A este respecto, el PP señala que las primeras modificaciones regulatorias que motivaron este tipo de denuncias fueron los reales decretos 1003/2010, 1565/2010, 1614/2010 y 14/2010.
Este último punto es relevante, porque el gobierno de Pedro Sánchez suele atribuir los litigios a las modificaciones planteadas por el gobierno de Mariano Rajoy entre 2012 y 2014, cuando realmente todos los arbitrajes toman como base de partida estos primeros cambios retroactivos de la época socialista. "Por tanto, ajustándonos a la realidad, el TCE no ha protegido en España inversiones en combustibles fósiles, sino que ha protegido a grandes empresas y fondos internacionales ante la inseguridad jurídica promovida por el Gobierno de España, principalmente en el año 2010", concluye el PP.
Sin salida coordinada, más inseguridad jurídica
Por último, el PP apunta que, "si bien el TCE es un instrumento obsoleto", la Resolución del Parlamento Europeo sobre esta cuestión solicita a la Comisión y a los países miembros a preparar "una salida coordinada", con ánimo de "mejorar las condiciones de salida", "limitar los efectos negativos de la cláusula de extinción del acuerdo" y generar "seguridad jurídica en materia de energía". A este respecto, los populares afirman que "un proceso ordenado de salida nos dotaría de mayor seguridad jurídica como país y nos devolvería a la centralidad energética europea alejándonos de las excepcionalidades actuales".
De modo que, con su enmienda a la totalidad, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo saca a la luz los cuatro grandes bulos del gobierno de Pedro Sánchez en relación con el abandono del Tratado de la Carta de la Energía: (1) abandonar el acuerdo no es urgente, puesto que una vez se tome tal decisión será preciso esperar veinte años para que sea efectiva, (2) el tratado no pone en riesgo la transición ecológica, que ya está blindada por ley, (3) las denuncias contra España por el TCE se deben a la inseguridad jurídica motivada por la retirada de las primas renovables de forma retroactiva, y (4) dejar el acuerdo por cuenta propia y sin el paraguas de la Unión Europea generará más inseguridad jurídica en un sector en el que la clave para atraer capital es ofrecer certidumbre a largo plazo.