
El título de hoy, debería ser el de "Términos engañosos", pues la diferencia entre confusos y engañosos es que los primeros lo son por su naturaleza y no por la intencionalidad de quien los usa.
En cambio, en los segundos, predomina la voluntad de engañar, llevando a muchos, a un entendimiento erróneo; es decir falso. Es cierto que, en la modernidad, se ha impuesto la confusión terminológica como hábito, tanto que nuestros padres no entenderían el español de los hijos.
Hoy, una actividad sostenible significa que no se puede sostener y que precisa subvención; el progreso, y su paladín, el progresismo, se identifica hoy como la sublimación del regreso: 26,5% de españoles en riesgo de pobreza y exclusión (año 2023), frente al 26,2% en 2019, y en menores de 16 años, la tasa AROPE –riesgo de pobreza y de exclusión– en 2023 alcanza el 34,5%; ese progresismo, considera compatible acuerdos multilaterales con los bilaterales; así como contabilizar a parados, como fijos discontinuos…
Otros términos se usan erróneamente por su concepto, siendo el término inequívoco. Me refiero ahora a un vocablo utilizado por algunos ministros: se trata del dumping.
Una vez fue el ministro Puente, que pretendía obligar a la empresa OUIGO a subir el precio de sus billetes, porque dañaba, por dumping, la competencia ferroviaria. Otra vez, hace pocas fechas, la vicepresidenta primera, acusaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, de practicar dumping, por disminuir los impuestos.
Ninguno de los dos casos tienen las características mínimas para considerarlos dumping. Tradicionalmente el dumping ha sido asociado al comercio exterior: "Venta de un bien en el exterior a precio inferior… (al del) mercado doméstico o interior" [Lozano Irueste, J.Mª. "Breve Diccionario de Economía"].
Acepción, más generalizada e inclusiva, es "Práctica comercial de vender a precios inferiores al costo, para adueñarse del mercado, con grave perjuicio de este" [R.A.E. "Diccionario de la Lengua Española"]. Definición que abandona la referencia al mercado exterior. También "Exportaciones a un precio por debajo de los costes de producción" [John Eatwell y otros (edits.) "The New Pelgrave. A Dictionary of Economics"].
¿Qué relación guarda esto con disminuir impuestos? ¿O es que la misión del gobierno es, simplemente, recaudar? El objetivo del gobierno es suministrar bienes públicos puros –sanidad, defensa, seguridad jurídica, orden público…– garantizando otros que, por ser meritorios, conviene que reciban los ciudadanos –educación, asistencia sanitaria, cultura…–.
Unos y otros implican costes de producción y de asignación, que necesitan financiarse mediante copago e impuestos exigibles, respetando principios de justicia tributaria y de igualdad entre iguales.
Las leyes económicas, además, obligan a la máxima eficiencia, o sea al mínimo coste. Si así se produjera, la carga impositiva sería la menor posible, para garantizar la universalidad de aquellos bienes.
El test de eficacia en las administraciones públicas tiene dos magnitudes: una, la suficiencia de bienes; otra, que su financiación requiera los mínimos impuestos, además de no apelar a la deuda pública.
¡Cómo se puede atacar a una administración autonómica por bajar los impuestos, cuando, además, se pretende condonar la deuda de quienes dilapidaron sus recursos!