Mientras el Gobierno sigue empeñado en minimizar el gran problema de la okupación que existe en España, cada vez son más los propietarios que se unen para reclamar sus derechos y responder a los embistes de la izquierda. A la ya conocida como Plataforma de Afectados por la Ocupación, se suma desde hace unas semanas Aprovij, la Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica.
"Está claro que necesitamos más voces. Cuantos más seamos y más reivindiquemos, mejor para todos", asegura su presidenta, Kathy Diaz, quien denuncia que el Gobierno está "machacando" literalmente a los propietarios, pero también a los "inquilinos honrados", que ven cómo cada vez es más difícil acceder a una vivienda.
La idea de crear esta asociación surgió de un grupo de 14 familias de distintos puntos de España que se conocieron a través de las redes sociales, denunciando precisamente el calvario que están viviendo. "Aquí hay desde víctimas directas de la okupación, hasta un chico que ha tenido que irse de un piso con sus hijas porque era imposible vivir en esa comunidad rodeado de okupas, propietarios que temen alquilar por miedo a perder su vivienda y, sobre todo, muchísimos casos de inquiokupación", explica Kathy.
Un problema creado por el Gobierno
Esta "okupación de guante blanco", como ella la denomina, es la más extendida en estos momentos: "Firmo un contrato y te dejo de pagar porque estoy amparada por el Real Decreto 11/2020. Es que prácticamente podemos decir que la inquiokupación la ha creado el Gobierno", lamenta. El polémico decreto antidesahucios aprobado por el Ejecutivo para paliar la crisis del coronavirus lleva vigente cuatro años y, tal y como denuncia la presidenta de esta asociación, está destrozando la vida de miles de propietarios de toda España. Precisamente por eso, y dado que teóricamente este decreto decae el 31 de diciembre, su primera reivindicación es que no vuelva a prorrogarse.
Sin embargo, a juzgar por las declaraciones de Podemos, no parece que haya motivo alguno para la esperanza. "Vamos a prorrogar durante un año la suspensión de los desahucios", anunciaba a última hora de este jueves Ione Belarra, tras revelar un supuesto pacto con el PSOE a cambio de aprobar su ley de eficiencia de la Justicia. A falta de confirmación por parte del Gobierno, las víctimas de la okupación ya lo dan por hecho y, por eso, han empezado a movilizarse.
Podemos y el PSOE hemos acordado prorrogar el escudo social. Es una buena noticia para la gente trabajadora de nuestro país que pasen cosas aunque el PSOE no quiera, como ha vuelto a pasar hoy. pic.twitter.com/2xvW3TtFM3
— Ione Belarra (@ionebelarra) December 19, 2024
"Queremos hacer un llamamiento a todos los propietarios para que nos unamos y denunciemos que lo que está pasando es muy grave. El Gobierno está mirando para otro lado, y parece ser que han decidido que la culpa de todos los problemas de Vivienda que hay en España son del propietario, cuando son ellos los que con este Real Decreto han hecho que inquilinos y propietarios estemos en esta situación", advierte Kathy.
"Antes tenías un problema porque no te pagaban y en dos meses los tenías en la calle; ahora están protegidos. A la mía, por ponerte un ejemplo, yo le condonaba toda la deuda a cambio de las llaves del piso y me dijo que no, que no había nada que negociar porque estaba amparada por el Real Decreto 11/2020 y no iba a poder echarla y, efectivamente, así lleva cuatro años", explica la presidenta de Aprovij.
Las trágicas consecuencias de la okupación
Con todo, la impotencia de los propietarios es cada mayor. Y no solo por el dineral que les deben y que, en la mayor parte de los casos, necesitan para llegar a fin de mes, sino por la factura que esta situación les está pasando a su salud. "Creo que la gente no es consciente de la presión psicológica y el hundimiento moral al que están sometiendo a los propietarios. La mayoría estamos en tratamiento. Yo misma he tenido que llamar al 024 —dice en referencia al teléfono de prevención del suicidio—. Las consecuencias económicas son importantes, pero hay otras muchas, y no hay dinero que pague lo que nos está haciendo pasar este Gobierno".
Además, desde Aprovij insisten en que esta situación no solo perjudica a los propietarios. "Con este Real Decreto están dejando en la calle a los inquilinos con menos recursos, porque lógicamente muchos propietarios optan por no alquilar su vivienda por miedo y los que lo hacen se quedan con el mejor postor: el que pague más y el que tenga una nómina asegurada, pero lo que no van a hacer viendo cómo están las cosas es alquilárselo a una madre soltera o a alguien que cobre menos de 1.800 euros o a una persona mayor de 60 años —explica Kathy—. Es decir, que han generado un problema mucho más grave de lo que creen con este Real Decreto y, si no lo derogan, esto va a ir a peor. La gente cada vez irá retirando más viviendas del mercado".
Un abogado para recurrir al TC
Así las cosas, la asociación ya se ha puesto manos a la obra para tratar de encontrar a un experto en derecho constitucional que les ayude a recurrir ante el TC la polémico decreto que mucho se temen que el Ejecutivo volverá a prorrogar con la "excusa" de la DANA. "Ya lo hicieron con el conflicto en Oriente Medio y con el volcán de la Palma, y ya no podemos más, así que estamos dispuestos a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si es necesario", apunta su presidenta. Por eso, aprovecha para hacer un llamamiento a cualquier abogado que quiera colaborar en la causa.
De la misma manera, también les gustaría proveer a sus socios de ayuda psicológica profesional, aunque, por el momento, son sus fundadores los que hacen esa labor. "Si en algún momento están desesperados y sienten que no pueden más, hay un teléfono en el que les atendemos y sabemos cómo ayudarles, porque hemos pasado por lo mismo y la familia y los amigos te apoyan, y se preocupan, pero saben realmente lo que es esto y el que lo está viviendo si te entiende", explica Khati.