Miles de propietarios de toda España se mantienen en vilo a la espera de que el lunes el Gobierno confirme si prorroga el decreto antidesahucios aprobado en 2020, tal y como ha asegurado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. De confirmarse, las víctimas de la okupación tendrán que esperar otro año más para poder recuperar sus viviendas, algo que, en muchos casos, se antoja insostenible.
"Cuatro años y nueve meses de abuso… ¿Qué más quieren de nosotros?", se pregunta entre la rabia y la desesperación Kathy, presidenta de la recién creada Asociación de Propietarios de Viviendas contra la Inseguridad Jurídica (Aprovij) y víctima de la inquiokupación. Su particular calvario empezó precisamente al poco de aprobarse el polémico decreto y su entonces inquilina se lo dejó muy claro: "No te voy a pagar más, porque sé que estoy protegida y, como me cortes los suministros, te destrozo la casa y la vida".
Desde entonces, ha emprendido una batalla legal que parece no tener fin y que no solo está arruinando a su familia —lleva más de 25.000 euros perdidos—, sino que también le está costando la salud y casi la vida. "Nadie sabe lo que es esto hasta que no lo sufre en sus propias carnes. Llegas a pensar hasta en suicidarte. Yo misma he tenido que llamar al 024 —dice en referencia al teléfono de prevención del suicidio—, porque es una batalla que libras todos los días, que no te deja ni dormir y te levantas una mañana y tu cabeza te dice que esa es la única solución".
El decreto como coartada
Su descenso a los infiernos comenzó precisamente en el año 2020, al calor de la aprobación del polémico decreto antidesahucios. Un año antes, ella y su marido, autónomo de profesión, habían decidido invertir en una segunda vivienda en la playa de Moncófar (Castellón) a modo de "hucha". "Al principio íbamos mucho, pero por problemas de trabajo y con mi hija ya mayor tuvimos que dejar de ir —recuerda Kathy—, así que decidimos alquilarlo, porque, al estar vacía, también teníamos miedo de que nos la okuparan". Lo que jamás imaginaron es que aquello que pretendían evitar terminaría sucediendo y, además, con amparo legal.
"Se lo alquilamos a una señora mayor por 300 euros, un precio casi simbólico y adaptado su pensión. Nos pagó un año por adelantado y, sinceramente, no lo vimos venir", lamenta. Le dieron todas las facilidades del mundo y ni siquiera les importó que, de primeras, eludiese poner los suministros a su nombre. "Venía del País Vasco, acababa de aterrizar en Castellón, y nos dijo que, como era mayor, le diéramos un tiempo para organizarse, así que pensé que bueno, que todo el mundo pasa situaciones así y que a mí también me gustaría que me ayudaran en esos momentos, así que le dije que, por supuesto, que se fuera adaptando al pueblo y que, poco a poco, ya lo iríamos arreglando".
Los problemas llegaron cuando, pasado el primer año, en mayo de 2020, no solo seguía sin poner nada a su nombre, sino que le dijo que no le iba a pagar más. "Al principio utilizó el Covid como excusa, diciéndome que, como los bancos estaban cerrados, que no podía hacer nada —recuerda—. Yo le dije que no se preocupara, que me fuera dando lo que ella pudiera, pero, claro, la llamaba de vez en cuando para ver cómo iba la cosa y en agosto o septiembre ya me empezó a chillar y a decirme que dejara de acosarla y que no me iba a pagar más porque estaba protegida y conocía sus derechos. Es más, me dijo: ‘Y no me cortes los suministros porque sé muy bien lo que tengo que hacer y si tengo que destrozarte la vida y llevarte a la cárcel, lo voy a hacer’".
A partir de ese momento, Kathy empezó a asumir lo que se le venía encima. "Los primeros meses le seguía pagando todo: agua, luz, basuras…Todo. Pero en enero mi marido se rompió el brazo y, como es autónomo, solo entraba mi nómina en casa, así que tuve que decidir entre pagar lo mío o pagar lo suyo", explica. No contenta con vivir gratis, la ya inquiokupa empezó a denunciarla por coacciones. "Pero es que lo surrealista de todo esto es que le preguntan si ella está al día de pago y ella dice que sí y lo ratifica delante del juez. Es increíble la impunidad con la que se creen y cómo saben que están protegidos y no les va a pasar nada", denuncia la propietaria.
El calvario judicial
Al ser denunciada por lo penal, ella no podía interponer su demanda por impago por lo civil, así que su abogado le recomendó esperar a que todas esas denuncias se dirimieran, lo que retrasó todo hasta 2022. "Ahí empieza otra tortura, porque esta señora no recibe las notificaciones, tengo que contratar a una procuradora para que vaya precisamente a notificarla y, una vez notificada, pide abogados de oficio, que tampoco consiguen localizarla y dicen que así no la pueden defender… En fin, una pesadilla; psicológicamente esto es agotador", lamenta Kathy.
Cuando por fin llega el juicio, el juez le dió la razón y, en abril de este año, dictaminó que efectivamente la inquilina tiene que pagarle todo lo que le debe y las cuotas que resten hasta que abandone el piso. Sin embargo, dice que no puede fijar una fecha de lanzamiento porque el Real Decreto 11/2020 está vigente hasta el 31 de diciembre. "Y tan a gusto que se quedó la señora. Salió del juicio riéndose en mi cara. Me miraba y se reía", denuncia indignada Kathy, que advierte de que "lo peor es que ahora la agonía puede prorrogarse otro año más".
Arruinada y con ataques de ansiedad
Mientras tanto, ella sigue sin recibir ni un euro y hasta pagándole el agua: "De las tres denuncias por coacciones que me puso, dos las gané, pero con la del agua, hubo un problema con la citación, y al no presentarme, me obligaron a seguir pagándosela". Con todo, entre suministros, impagos, abogados y procuradores, Kathy lleva perdidos "más de 25.000" euros, aunque advierte que hay cosas mucho peores que la ruina a la que su inquiokupa la está condenando.
"Esta situación te provoca unos ataques de ansiedad que te dejan tirada, con todo el cuerpo en tensión. Un día mi hija me pilló en pleno ataque y cuando me desperté, porque después caes rendida, me dijo ‘mamá, ya he mirado en Internet cómo cuidarte mejor la próxima vez’. ¿Tu crees que mi hija tiene que estar viviendo esto? No hay derecho", dice con la voz entrecortada—. Y somos muchas familias las que estamos así".
Ella misma llegó a estar de baja por un ataque de ansiedad en el que incluso perdió el conocimiento. "Y los psicólogos, el psiquiatra y el médico de cabecera decían que no estaba para trabajar, pero pedí el alta voluntaria porque si me quedaba en casa me moría en vida. Necesitaba estar distraída con otras cosas, porque de verdad que no vives —insiste—. Yo he dejado de ser yo. Estoy al límite, no tengo ganas de nada. Por eso he decidido poner todas mis fuerzas en Aprovij, para tratar de ayudar a otras personas".