La decisión del gobierno español de impagar los laudos que condenan a nuestro país a indemnizar a las compañías que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables sigue generando un sinfín de problemas. Esta semana ha trascendido que el "agujero" derivado de estos incumplimientos está creciendo a un ritmo cercano a los 5,5 millones de euros mensuales.
Las compañías afectadas celebraron recientemente una reunión informativa a la que tuvo acceso Libre Mercado y en la que se puso de manifiesto que, si bien las obligaciones pendientes de pago ascienden a priori a 1.480 millones de euros, esta rúbrica se ve incrementada hasta los 1.820 millones una vez se toman en cuenta los sobrecostes legales y financieros que se derivan de la actitud del Ejecutivo, que ha optado por impaga estos laudos.
En consecuencia, de cada 100 euros de impacto económico directamente imputable a los litigios, 19 euros se corresponden con las decisiones que ha tomado el gobierno para eludir el pago de los laudos e incumplir las obligaciones contraídas con las empresas denunciantes. Esto ha generado la acumulación de nuevas deudas que, de hecho, crecen cada vez más rápido.
Un buen ejemplo de ello lo tenemos en los intereses de demora, que están subiendo a un ritmo de casi 4,5 millones de euros al mes. A esto también hay que sumarle las condenas en costas y los honorarios de abogados internacionales, que añaden alrededor de un millón de euros mensuales a la factura de obligaciones y gastos imputable al Reino de España.
Así suben las deudas existentes
En el caso de los intereses de demora, resulta ilustrativo el caso Antin. Los denunciantes consiguieron el reconocimiento de una deuda de 101 millones de euros, pero también los impagos han hecho que se acumulen otros 24,3 millones de obligaciones adicionales, debido al retraso en el pago. Otro caso notable es el de PV Investors, empresa a la que se deben 91,1 millones por el laudo original y 17,4 millones más por los intereses de demora.
Un tercer caso digno de mención es el de JGC, que está consiguiendo grandes avances contra España ante la justicia de Estados Unidos. La compañía nipona consiguió un laudo de 23,5 millones, pero los intereses de demora acumulados elevan la factura pendiente de pago en otros 6,9 millones.
Y, por descontado, es importante mencionar que la denuncia del gigante energético europeo EDF se saldó con un laudo por valor de 29,6 millones, pero los impagos han hecho que se acumulen obligaciones adicionales de 7,2 millones.
Así, la factura total que debe asumir España por la suma de los intereses de demora, las condenas en costas y la contratación de bufetes y consultores se sitúa en el entorno de los 1.820 millones, un 20% más de lo que habría tenido que financiar el Reino si simplemente se hubiesen cumplido las sentencias dictadas originalmente, cuyo valor exacto asciende a 1.478 millones.