El caso de JGC Corporation contra España sigue dejando un saldo económico cada vez más abultado debido a los intereses de demora derivados de la estrategia de impagos del gobierno español. La reciente sentencia de la Corte del Distrito de Columbia no solo valida el laudo arbitral en favor de la multinacional japonesa, sino que reconoce una obligación de pago que ha aumentado drásticamente debido a la acumulación de intereses de demora.
En una demoledora sentencia, el juez Rudolph Contreras de la Corte del Distrito de Columbia ha registrado el laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en 2021 como una sentencia equiparable a una decisión judicial local, de modo que España pasa a ser considerado un país deudor por la propia justicia norteamericana.
El juez ha establecido una obligación de pago de 36.099.289 dólares, cifra que equivale a 34.224.111 euros. Esto supone un aumento del 53,6% respecto a los 23,5 millones de euros (27,2 millones de dólares) que el CIADI, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, estableció en 2021 como indemnización original.
En la práctica, los intereses de demora han añadido 10,7 millones de euros a la cantidad que España deberá abonar. Por lo tanto, se ha producido un encarecimiento muy significativo, cercano al 54%, debido a la decisión del presidente Pedro Sánchez y su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de hacer todo lo posible para incumplir el pago de estas obligaciones.
Los intereses van en ascenso
La sentencia también contempla la aplicación de intereses de demora adicionales que se calcularán conforme a la normativa estadounidense, específicamente bajo la regla 28 USC 1961. Esto implica que, a partir del 15 de noviembre, fecha desde la cual es oficial la sentencia del juez Contreras, los intereses de demora se calcularán a un ritmo del 4%, una tasa que más que triplica el 1,6% aplicado hasta ahora.
Este nuevo esquema acelerará todavía más el aumento de la deuda total si el gobierno español no cumple con sus obligaciones internacionales. Cabe recalcar que, al ritmo actual, los sobrecostes financieros y judiciales ya suponen el 17,3% del dinero que España adeuda a las empresas afectadas por la retirada retroactiva de las primas renovables.
JGC Corporation lleva casi una década batallando por el reconocimiento de su derecho a ser indemnizada tras el "hachazo" regulatorio que desmanteló el sistema de incentivos a las renovables. Con sede en Yokohama, esta multinacional de referencia en el ámbito de la ingeniería cuenta con más de 7.500 empleados y una facturación global de 832 millones de euros. Su reclamación original contra España ascendía a 93,5 millones de euros en 2015, pero el laudo final del CIADI redujo esta cifra a los 23,5 millones que ahora, con intereses, han escalado hasta los 34,2 millones.
La denuncia en Estados Unidos fue canalizada por la firma Blaskett Renewable Investments y ahora resulta en la obligación de pago que España deberá resarcir si no quiere que la factura siga incrementándose.
Inseguridad jurídica
Como ha informado Libre Mercado, España ha enfrentado más de 50 arbitrajes internacionales por los recortes retroactivos en las primas a las renovables. Hasta ahora, los laudos emitidos condenan a España a indemnizaciones que ya superan los 1.562 millones de euros, a los que se suman 326 millones por costas e intereses judiciales. Este panorama, sumado a la inseguridad jurídica que genera la falta de cumplimiento, ha provocado que España sea considerada un país de alto riesgo para los inversores extranjeros. En un momento en que el país necesita atraer capital para financiar su transición energética, la inversión extranjera se encuentra un 50% por debajo de los niveles previos al gobierno actual.
La acumulación de intereses de demora y la posibilidad de embargos son un recordatorio del alto precio que paga España por la falta de seguridad jurídica, afectando no solo a su reputación internacional, sino también a su capacidad para atraer inversiones en sectores estratégicos como las energías renovables.
La sentencia del tribunal estadounidense abre la puerta a medidas coercitivas para garantizar el cumplimiento de la misma. Esto incluye la posibilidad de embargar bienes y activos españoles radicados en Estados Unidos, como ya ha ocurrido en Australia, Bélgica y Reino Unido en otros casos relacionados con el "hachazo" a las "primas" renovables.