El Gobierno consumó este lunes la anunciada artimaña para esquivar la derogación del impuesto a las energéticas, que PP, PNV y Junts consiguieron incluir en la reforma fiscal. El Consejo de Ministros incluyó la aprobación de un Real Decreto-ley con un nuevo gravamen temporal a las grandes energéticas para el año 2025, que, según anunció el propio Sánchez, incluye dos novedades: por un lado incluirá deducciones para inversiones para la "descarbonización", y por otro lado el compromiso de que el gravamen se convertirá en impuesto.
Una y otra novedad buscan atraer, por un lado, el sí de Junts, que teme por las grandes inversiones de Repsol en la planta de Tarragona, y por otro el sí del PNV, que aspira a que el impuesto, si se hace permanente, acabe siendo gestionado por el País Vasco. Los votos de ambos son imprescindibles para que la tasa quede definitivamente aprobada en el Congreso, donde el decreto-ley debe ser convalidado. De momento, con esta argucia la tasa se pone en marcha desde este 1 de enero y está por ver qué ocurrirá en el Congreso: el PNV este mismo lunes insistió en que volverá a decir que no ante lo que califica como "parche".
Entre tanto, las grandes energéticas objetivo del tasazo emitieron ayer a última hora un breve pero contundente comunicado contra la medida. Empresas como Iberdrola, Repsol, Naturgy, Cepsa o BP firmaron una nota en la que, "a la espera de conocer los detalles completos" del Real Decreto-ley, califican de "preocupante que el Gobierno cuestione hoy así la decisión de derogar esta figura impositiva tomada la semana pasada por el pleno de la Cámara Baja".
Contra la "reputación" de España
Este Real Decreto-ley, avisan, "resta competitividad industrial, incrementa la inseguridad jurídica del sector energético, deteriora la reputación de nuestro país ante la comunidad inversora nacional e internacional y ofrece una señal contraria al impulso del proceso de descarbonización que se precisa en España y Europa".
En efecto, la aprobación del decreto implica que en sólo unos días el Gobierno haya tumbado una decisión del Congreso sobre una medida prácticamente idéntica y que se pueda dar la situación de que el impuesto se cobre durante las semanas previas a la votación en el Congreso donde podría volver a ser rechazado en un choque insólito entre los poderes ejecutivo y legislativo.