Los juzgados de toda España registraron 1.782 procedimientos por okupación de viviendas durante los nueve primeros meses del año, según datos divulgados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Solamente en el tercer trimestre del año 2024, el aumento fue del 55% en términos interanuales, lo que confirma que los problemas de inseguridad jurídica que afectan a los propietarios siguen creciendo a un ritmo vertiginoso.
Entre enero y marzo se contabilizaron 563 casos, mientras que entre abril y junio fueron 639 los procedimientos iniciados ante los tribunales. La cifra correspondiente a julio, agosto y diciembre arroja un total de 580 episodios. Este dato se traduce en una subida del 55% frente a las 373 denuncias cursadas en verano de 2023.
En el acumulado de los tres primeros trimestres del año 2024, la comunidad autónoma que suma un mayor volumen de procedimientos es Cataluña, con un total de 366. También son malas las cifras de Andalucía, con 326 denuncias, o Comunidad Valenciana, con 334. Juntas, estas tres regiones suman 6 de cada 10 denuncias por okupación.
Madrid registró un total de 138 casos, una cifra que supone el 7% del total acumulado de enero a septiembre, menos de la mitad de lo que le correspondería si tomamos en cuenta su población, mientras que en Castilla-La Mancha se dieron 111 episodios. Canarias, con 93, y Baleares, con 79, figuran también entre los territorios con más casos. En cambio, las cifras más bajas se dieron en Aragón (16), Cantabria (15), Navarra (7) o La Rioja (5).
Más de 15.000 denuncias a la policía
En todo el año 2023, el Ministerio del Interior registró 15.289 denuncias a la policía por delitos de okupación, como son el allanamiento de morada o la usurpación del derecho de uso de un inmueble. Sin embargo, no todos estos episodios tienen continuidad en los tribunales.
En la estadística que ahora divulga el CGPJ se recogen los procedimientos tramitados en juzgados de primera instancia y se constata un enquistamiento del problema de inseguridad jurídica que sufren los propietarios, puesto que el total de procedimientos observados entre enero y septiembre de 2024 fue muy similar al del mismo periodo de 2023 (1.782 en el presente año, 1.792 en el ejercicio anterior).
El tiempo de espera medio para zanjar en los tribunales una okupación ronda los 23 meses, una cifra que se ha duplicado bajo el gobierno de Pedro Sánchez y que llega a alcanzar tiempos de espera superiores a los 35 meses en algunas comunidades autónomas. La falta de celeridad de la justicia ha invitado a muchos propietarios a negociar directamente con los okupas o a recurrir a empresas de seguridad especializadas en el desalojo de inmuebles tomados por este tipo de delincuentes.