Echar a un okupa se está convirtiendo en una misión casi imposible para los propietarios españoles que sufren esta lamentable situación. Si en 2018, al comienzo de la presidencia de Pedro Sánchez, hacían falta entre 11 y 12 meses para acabar con este tipo de escenarios, lo cierto es que a cierre de 2023 encontramos que los tiempos de la justicia han seguido dilatándose hasta casi duplicarse y rozar los 24 meses.
En el siguiente gráfico, elaborado con datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el tiempo medio de demora de los procedimientos de primera instancia ha subido de casi 5 meses en 2018 a un año entero en 2023. Las cifras para las apelaciones que se dirimen en las Audiencias Provinciales de la judicatura española también describen un acusado deterioro, al pasar de menos de 7 a más de 11 meses durante el periodo de gobierno de Pedro Sánchez.
Cuando se combinan los tiempos de uno y otro proceso, podemos ver que la duración media de un procedimiento ligado a una ocupación ilegal de vivienda ha aumentado de 11,7 a 23,2 meses. Dicho de otro modo, el propietario medio debe anticipar una espera de casi dos años si quiere resolver un caso de okupación a través de los cauces oficiales que ofrece la justicia.
Se observan, eso sí, diferencias acusadas dependiendo de la comunidad autónoma en la que se dirimen estos procedimientos. Partiendo de una espera media de 23,2 meses, los plazos son más dilatados en Castilla y León (35,9), Región de Murcia (27), Islas Canarias (26), Andalucía (24,9), Cataluña (23,7) e Islas Baleares (23,5).
En cambio, la espera es inferior a la media en Comunidad de Madrid (21,5), Comunidad Valenciana (20,8), Castilla-La Mancha (20,4), País Vasco (20), Extremadura (19,6), La Rioja (19,3), Galicia (17,9), Cantabria (17,3), Asturias (14,9), Navarra (14,2) y Aragón (13,5). La siguiente tabla recoge los datos y pone de manifiesto la brecha de hasta 22,4 meses entre unas comunidades y otras.
Ante esta situación, no sorprende que proliferen servicios especialmente centrados en mitigar el riesgo de okupación (alarmas, puertas reforzadas, etc.), así como las agencias que garantizan parte de la renta de alquiler al propietario a cambio de gestionar directamente la vivienda o incluso las compañías que median con los okupas o instalan controles de seguridad para dejarlos fuera del inmueble.
En 2023, el CGPJ documentó 2.261 denuncias por ocupación ilegal de vivienda. Cataluña concentró 445 de estos procedimientos, duplicando los niveles observados en Madrid (215). Aunque el PP ha presentado en el Senado una ley que facilitará la resolución de los casos de okupación en 24 horas, el PSOE de Pedro Sánchez sigue negándose a actuar en esta dirección y la mayoría de sus socios parlamentarios se alinean en la misma posición.