A lo largo del periodo 2021-2024, el gobierno de España ha movilizado créditos por valor de 122.747 millones de euros en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el que el Ejecutivo canaliza los fondos europeos del programa Next Generation financiado por la Unión Europea. Sin embargo, los pagos realmente realizados por las Administraciones Públicas han sido apenas una fracción de dicha cifra, evidenciando la incapacidad de gestión del gabinete que preside Pedro Sánchez.
Los datos que divulga la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) apuntan que los créditos finales autorizados en 2021 ascendieron a 24.198 millones de euros, cifra que se elevó a 28.471 millones en 2022, 35.944 millones en 2023 y 34.1234 millones en 2024. En total, hablamos de 122.747 millones para un periodo de cuatro años.
Sin embargo, los pagos efectivamente realizados se han situado en cifras mucho más bajas. En total, y a la espera de los datos de noviembre y diciembre del pasado ejercicio, el acumulado para 2021-2024 se sitúa en 39.634 millones de euros. Por tanto, frente a unos créditos finales que acumulan 122.747 millones, el gobierno solamente habría ejecutado el 32,3% de esta cifra. Dicho de otro modo: casi 7 de cada 10 euros de los fondos europeos han sido pura propaganda, puesto que se han consignado en los presupuestos pero no se han invertido realmente.
Esto no significa que el dinero que no se ha ejecutado desaparezca, puesto que el gobierno está transmitiendo al ejercicio siguiente aquellos fondos que no ha desembolsado dentro del calendario previsto. Lo hace como transferencias pendientes de abono o como remanentes no licitados. Con todo, esta estrategia tiene fecha de caducidad porque todo el dinero que no haya quedado adjudicado antes de septiembre de 2026 deberá devolverse a la Unión Europea.
Así las cosas, hay 83.113 millones de euros que están en el aire y que, o bien se ejecutan en los próximos 20 meses, o bien quedarán anulados y tendrán que ser transferidos de nuevo a Bruselas. Al ritmo observado de 2021 a 2024, cabría esperar que el sector público formalizase pagos por cerca de 10.000 millones en 2025 y canalice recursos por unos 7.000 millones en los ocho primeros meses de 2026. Esto se traduciría en un saldo pendiente de ejecución de más de 65.000 millones de euros.
Ante esta situación, el gobierno de Sánchez ha movido ficha para intentar que esos 65.000 millones cuya adjudicación ahora parece harto complicada puedan adjudicarse ‘in extremis’, evitando el bochorno de tener que devolver estos recursos a la UE y asegurando que su Ejecutivo pueda invertir estos recursos en aquellos ámbitos a los que ha dado preferencia en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como la "digitalización" o la "transición ecológica".
Un informe del Instituto Juan de Mariana publicado a mediados de 2024 puso de manifiesto que el 80% de los fondos europeos están teniendo como receptor al propio sector público. Asimismo, el think tank liberal comprobó que solamente el 0,6% del dinero consignado a España por Bruselas ha quedado al servicio de políticas de rebajas fiscales a las empresas.
