La calificación de importantes bolsas de suelo como áreas limitadas al uso rústico limita artificialmente la capacidad del sector inmobiliario de desarrollar nuevos proyectos de vivienda e impulsar un reajuste de la oferta para atender a los aumentos de la demanda y, de esa forma, contener las escaladas de precio que experimentan las familias interesadas en comprar o alquilar un inmueble.
El gobierno portugués es consciente de esta circunstancia y ha movido ficha para empezar a revertir esta situación. Mediante un Decreto-ley que ya ha sido publicado y que entrará en vigor este mismo mes de enero, el Ejecutivo de centro-derecha que preside el primer ministro Luis Montenegro anuncia que permitirá la construcción en terrenos rústicos y que relajará otras catalogaciones similares con las que se restringía la oferta de suelo.
El gabinete de centro-derecha ha condicionado la medida a que al menos el 70% de la superficie total de construcción se destine a proyectos de vivienda social, es decir, programas regulados por las Administraciones en virtud de los cuales se fijan precios más asequibles para la compra o alquiler de los inmuebles. El Ejecutivo ha apuntado, no obstante, que tomará como referencia los valores medianos de la casas vendidas o arrendadas en los municipios donde se levanten las construcciones, de modo que este condicionamiento tiene, al menos, una vinculación directa con los precios de mercado.
Hay algunos terrenos que seguirán al margen de la posibilidad de desarrollar obra nueva, como los que están definidos como "suelos de alta idoneidad para uso agrícola" o los que están protegidos por motivos ecológicos. Tampoco se autorizan estos cambios en zonas con riesgo de inundación, áreas costeras especiales o ecosistemas como humedales, dunas, etc.
Partiendo de esa base, el resto del suelo quedará abierto a posibles desarrollos, de modo que, a partir de ahora, serán los ayuntamientos los que podrán dedicar todo el suelo rústico a proyectos de desarrollo de vivienda, si bien se estipula que, tras una espera de cinco años, las parcelas revertirían nuevamente a su actual catalogación y deberían ser recalificadas nuevamente para permitir la construcción de inmuebles.
El gobierno portugués ha abaratado otras medidas para favorecer una mayor oferta de vivienda, como por ejemplo la exención del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para los jóvenes de 35 años que adquieran su primera vivienda. Asimismo, Montenegro quiere fijar el IVA aplicable a la compra de vivienda en el 6%.