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Una orden ministerial de 2020 desbarata la versión del Gobierno sobre el apagón nuclear

El Gobierno trata ahora de desvincularse de lo que pueda ocurrir con las centrales nucleares.

El Gobierno trata ahora de desvincularse de lo que pueda ocurrir con las centrales nucleares.
Unas 7.000 personas, entre ellas un buen número de representantes políticos, han marchado este sábado desde la plaza del Ayuntamiento de Almaraz hasta las puertas de la central nuclear para reclamar que no se cierre. | EFE

Unas 10.000 personas, según los organizadores, salieron a la calle el pasado sábado en Almaraz para reclamar que la central no se cierre cuando marca el calendario del apagón: en otoño de 2027 y otoño de 2028. Entre otras cosas, los manifestantes (entre ellos el presidente de la Diputación de Cáceres, el socialista Miguel Ángel Morales) avisaron de las catastróficas consecuencias que tendría el cierre para la región. También señalaron que la central cumpliría con los requisitos técnicos para seguir, en una manifestación repleta de trabajadores del sector.

Desde el Gobierno, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica reaccionaron expresando su "respeto" a la protesta pero echando balones fuera sobre la decisión, pactada en 2019 con las empresas propietarias. Según defendió el Ejecutivo, "el Gobierno no cierra", sino que son "decisiones empresariales". Alegaron también que "no es una cuestión técnica, sino económica".

"El PP, que gobierna en Extremadura con el apoyo de Vox en su investidura, está participando activamente en propagar la idea de que es el Ejecutivo el responsable", alegó Transición Ecológica desentendiéndose de cualquier responsabilidad en el apagón nuclear que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), el documento con la estrategia energética verde del Gobierno enviado a Bruselas.

Según la versión del Ejecutivo, son las eléctricas propietarias de las centrales las que no quieren seguir en marcha. Aducen desde el Ministerio como razón que les exigiría invertir mucho en las instalaciones para cumplir las normas de seguridad aprobadas por la UE tras el desastre de Fukushima y obtienen más rentabilidad invirtiendo en renovables. Añaden que ninguna de las empresas titulares de las centrales ha solicitado al Gobierno la modificación de este calendario de cierre y lo pueden hacer cuando quieran porque la actividad de generación está liberalizada en España, destacan desde el departamento que dirige Sara Aagesen desde la marcha de Teresa Ribera a Bruselas.

En esta respuesta que busca ahora desligarse de lo que pueda pasar de aquí a 2027 con el parque nuclear, el Ministerio olvida que el calendario se pactó con el Ejecutivo y también la existencia de una orden ministerial de 2020 que menciona específicamente el cese de actividad de los dos reactores de Almaraz en las fechas marcadas y cuya modificación, según fuentes del sector, sería el primer e imprescindible paso para permitir que Almaraz pudiera seguir funcionando unos años más. Aluden a la Orden Ministerial TED/773/2020, que concedió la última renovación de la autorización de explotación de los dos reactores de la central nuclear. En él, se introducía la siguiente especificación:

"Esta autorización producirá efectos a partir del día siguiente a su notificación a Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, A.I.E., y tendrá validez hasta el 1 de noviembre de 2027 para la Unidad I, y hasta el 31 de octubre de 2028 para la Unidad II, que serán las fechas de cese definitivo de explotación de estas Unidades".

El sector señala que en el caso de una hipotética prórroga en la vida de la central el primer paso sería revocar esa orden ministerial que "estableció el cese definitivo de los dos reactores en 2027 y 2028 respectivamente" y que cierra la puerta a pedir una renovación.

La "losa" de los impuestos

La patronal de las centrales nucleares, Foro Nuclear, emitió este lunes un comunicado sobre la protesta y también sobre la respuesta del Gobierno en la que frente a la afirmación de que ninguna de las empresas ha pedido modificar las fechas de cierre responden con la propuesta de "establecer un diálogo con el Ministerio para analizar de manera conjunta la situación".

"La política energética es responsabilidad del Gobierno", recuerdan, aludiendo también al aviso que lanzaron la semana pasada de que en cualquier caso no seguirán si no cambian las condiciones actuales: "La presión fiscal que soporta la nuclear supone una losa para la competitividad de la generación nuclear en España y, por tanto, para su continuidad. El constante incremento tributario, que en la práctica supera el resto de costes operativos juntos, es la mayor incertidumbre que afronta el sector y la principal razón que impide la continuidad de las plantas. Ningún otro país con centrales nucleares, de nuestro entorno europeo, soporta estas desproporcionadas cargas fiscales".

Por su parte, desde la central reaccionaron a la protesta expresando su "agradecimiento más sincero" a los participantes y señalando que la central es una "instalación totalmente arraigada en la Comunidad Autónoma", señalando que están "en las mejores condiciones técnicas para seguir" y apuntando que "el cese programado de la central se debe fundamentalmente a la desproporcionada carga fiscal que sufre (435 millones de euros anuales), que supera todos sus costes operativos juntos".

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