
Este miércoles ha sido derogado en el Congreso de los Diputados el "decreto ómnibus", que incluía diversas medidas sociales y económicas. El gran problema de este decreto y la polémica que acompaña a su derogación es que se trata de un decreto "cajón de sastre" que incluía, por ejemplo, la revalorización de las pensiones, o las ayudas a los afectados por la DANA, pero también el blindaje de los okupas en materia de vivienda. De este modo, de aprobarlo, permitiría frenar la revalorización de las pensiones, pero al mismo tiempo evitar que los okupas queden blindados frente a los derechos de propiedad de los titulares de las viviendas ocupadas.
Dicho de otro modo, el Gobierno de Sánchez ha utilizado, en el sentido más estricto de la palabra, a los pensionistas y a los afectados por la DANA para tratar e chantajear a los grupos parlamentarios y así sacar adelante algunas medidas muy nocivas como también sería la de la subida del IVA a los alimentos, o un aumento en la factura de la luz o un palacete para el PNV en París.
Las ayudas a los coches eléctricos
Este decreto "cajón de sastre", llamado ómnibus precisamente llevar medidas de todo pelaje y sin conexión entre sí, contenía, además, medidas para ratificar la prórroga a medidas de promoción del coche eléctrico como la deducción del 15% por la adquisición de eléctricos enchufables de pila de combustible y puntos de recarga. Subvenciones dentro del Plan Moves III que contemplaban ayudas de hasta 7.000 euros por la compra de un coche eléctrico o un híbrido enchufable de más de 90 kilómetros de autonomía eléctrica, siempre que la adquisición estuviera acompañada de un achatarramiento. En el caso contrario, la ayuda se reducía a 4.500 euros.
Pese a que se trata de una medida que únicamente favorece a aquellas familias o sectores con músculo suficiente como para poder plantearse la compra de un coche eléctrico –según el Observatorio del Vehículo Eléctrico y Movilidad Sostenible de la Universidad Pontificia Comillas, coches entre un 20% y un 70% más caros que sus homólogos de combustión–, el sector de la automoción lamenta que el decaimiento del famoso decreto haya supuesto que decaiga también el plan Moves III para la compra de vehículos eléctricos.
En cierto modo tiene sentido, porque los reguladores están obligando a los fabricantes de coches a cambiar su modelo de producción y amenazan con prohibir los vehículos de combustión en 2035, dentro de apenas 10 años. Un plazo que ha obligado a la industria a enormes cambios en sus líneas de producción y también en sus distintos modelos de negocio. Esto ha hecho que se encarezca la producción de cada unidad y por lo tanto, obligar al consumidor a comprar este tipo de vehículos. Por este motivo, la industria pide ayudas a la compra, porque de no hacerlo, no se venderán coches.
El Plan Moves se había implantado en abril de 2021 y, aunque inicialmente tenía que finalizar en diciembre de 2023, se prorrogó junto con el resto de medidas. En principio, en diciembre se decidió que su validez duraría hasta junio de 2025, hasta la derogación del "decreto ómnibus" este miércoles en el Congreso.
La preocupación en el sector del automóvil es muy grande. Aún con las subvenciones, en 2024, el dato de coches eléctricos que se vendió sigue sin llegar a las medias europeas. En total, se vendieron 57.259 coches eléctricos en toda España, lo que representa un 5,62% de la cuota total de mercado, frente al 50,01% de los coches no electrificados. La cifra de vehículos eléctricos vendidos está muy lejos de la media europea, que se sitúa en el 13,6%.
Desde la ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones) y la FACONAUTO (Asociación de concesionarios oficiales en España) han mostrado su descontento en un comunicado público. "Este es el peor escenario que podía acontecer", han trasladado.
Además, en el comunicado hacen referencia a la situación que han vivido otros países de la Unión Europea que han eliminado sus ayudas, como podría ser Alemania. "Sin las ayudas a la compra, como se ha demostrado en otros países de la Unión Europea, se paralizan las ventas de turismos eléctricos, con el consiguiente retraso en el cumplimiento de los objetivos de descarbonización que marcan España y la Unión Europea", han comunicado.
El sector automovilístico ha pedido que al menos "se prorrogue el Plan Moves hasta el 30 de junio", junto con "la deducción del 15% del IRPF hasta 3.000 euros durante todo el ejercicio de 2025". Esto se debe a que "sin ayudas, el objetivo de avanzar en la electrificación de la movilidad y la transformación de nuestra industria sería imposible de alcanzar".
En estos momentos, la situación actual de España en cuanto al vehículo eléctrico está en el aire sin las subvenciones. Esto puede recordar a lo que sucedió en Alemania cuando quitó las ayudas a los coches eléctricos en diciembre de 2023. Las ventas cayeron en picado y en septiembre de 2024 se reactivaron las subvenciones.