El pasado miércoles, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendieron la aprobación de una prestación universal por crianza de 200 euros al mes por hijo hasta que cumpliera los 18 años.
Esta medida, que desde Sumar vienen defendiendo desde hace tiempo, se querría incluir dentro de los presupuestos generales del Estado de este año y es, en palabras de Yolanda Díaz, su "medida estrella". También ha defendido el carácter universal de esta política porque "los mecanismos de compensación social sólo funcionan cuando son así", al tiempo que se comparaba con la hija de Amancio Ortega.
De cualquier manera, esta medida tendría su fundamento en un trabajo de la Fundación Iseak publicado en 2024. De hecho, una de las autoras del informe "El impacto de la prestación universal por crianza en la reducción de la pobreza en España: un ejercicio de microsimulación", Lucía Gorjón, ha participado en el evento realizado en la sede del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
¿Qué coste tendría esta prestación por crianza universal?
Pues de acuerdo con el informe ofrecido, esta prestación tendría un coste mensual de 1.606 millones de euros, o un coste anual de 19.276 millones de euros. Esto sería en base al escenario de una prestación universal de 200 euros, que es la cifra que se plantea desde Sumar, aunque el informe ofrece también el escenario de una prestación de 100 euros, que sumaría un coste anual de 9.638 millones de euros, o 803 millones de euros al mes.
Este gasto de 19.276 millones de euros equivaldría a 8 veces el gasto anual en Justicia (2.291 millones de euros en 2023), el gasto anual en Defensa (19.700 millones de euros en 2024) o alrededor de un 10% de todo el gasto anual en pensiones contributivas (200.728 millones de euros en 2024). Según el informe, el gasto de 19.276 millones de euros supondría el 2,76% de todo el gasto público en 2024, o alrededor del 1,3% del PIB.
No obstante, y a pesar de las elevadas cifras de las que estamos hablando, en dicho informe no se plantea ningún recorte en otra partida presupuestaria, de manera que este gasto adicional se tendría que cubrir en base a deuda pública o en base a una mayor recaudación tributaria, es decir, en base a subirle más los impuestos a los españoles.
¿Más impuestos?
Para que nos hagamos una idea, 19.276 millones de euros adicionales en recaudación supondría que habría que incrementar la recaudación por IRPF un 16% con respecto a la recaudación de 2023 (120.280 millones de euros), recaudar un 55% más en el Impuesto de Sociedades (35.060 millones de euros), o un 23% más de recaudación de IVA (83.909 millones de euros). Esto es algo que, como podemos ver, supondría un incremento considerable de ingresos públicos.
Más allá de que no hay tanto margen en la economía española como para incrementar tanto la recaudación sin crear un gran perjuicio para los contribuyentes, el propio concepto de prestación de carácter universal plantea serias dudas e inconvenientes. Porque, en caso de implantarse, ¿por qué debería recibir una prestación una familia que sí podría estar en riesgo de pobreza y también recibirla la hija de Amancio Ortega, por poner el ejemplo de Yolanda Díaz?
O mismamente, ¿por qué debería tener derecho alguien como Yolanda Díaz o cualquier otra persona con un elevado salario a recibir una prestación que está enfocada en reducir la pobreza en nuestro país? Tendría más sentido que la prestación fuera dirigida a los deciles de renta más pobres de nuestro país, y no que desde el más pobre hasta el más rico recibieran la misma prestación.
Con esto no se quiere decir que esta deba ser una propuesta alternativa, sino que tendría más sentido y supondría un coste mucho menor del que conllevaría esta prestación universal de 200 euros por hijo hasta los 18 años.
En cualquier caso, esta medida tendrá aún que pasar por el filtro del Congreso de los Diputados y ser aprobada allí, de manera que no está nada claro que se vaya a poner en marcha. Sea como sea, observamos que desde la izquierda no tienen límites a la hora de proponer más incrementos de gasto y mayor recaudación tributaria, como si los españoles estuvieran bajo la sombra de montañas de dinero.