El sitio: San Vicente dels Horts, una ciudad de menos de 30.000 habitantes de la comarca del Bajo Llobregat, en la provincia de Barcelona. Los afectados: 32 familias de la Guardia Civil que viven en un cuartel en esta localidad. La exigencia del partido de Yolanda Díaz: "Priorizar de manera urgente los trámites para la cesión de uso o propiedad del edificio del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Sant Vicenç dels Horts al Ayuntamiento del municipio para que pueda ser destinada a vivienda social de alquiler asequible". No había otro sitio, por lo visto.
La idea ha sido ya exigida de forma oficial PSOE. Lo ha hecho el "Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar". Y su plan detalla "la cesión de uso del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Sant Vicenç dels Horts para vivienda pública de alquiler protegido".
Sumar asegura que, "en reiteradas ocasiones el municipio de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) ha pedido, a través de diferentes vías institucionales, la reclamación del espacio de la Caserna de la Guardia Civil para la construcción de vivienda pública de alquiler asequible". Traducido: que llevan detrás de sacar a las familias de la Guardia Civil desde hace tiempo. "En 2013 se solicitó, a través de una moción al Govern de la Generalitat, y se aprobó dicha petición. En 2022, el grupo municipal de Sant Vicenç En Comú Podem presentó una moción en el Ayuntamiento para volver a encaminar la negociación del retorno del espacio de la caserna, y el texto volvió a aprobarse.
En 2023 se introdujo esta reclamación también en el acuerdo de gobierno entre Comuns y PSC. Este año se han ido realizando trámites con el Ministerio del Interior para conseguir efectuar la cesión del espacio, pero ahora el gobierno municipal vuelve a encontrarse con la situación paralizada", afirman los comunistas.
Una alternativa para los guardias civiles
En junio de 1989 la Guardia Civil inauguró este cuartel en Sam Vicente dels Horts. El perímetro está gestionado por el Ministerio de Interior y se ubica en suelo municipal en régimen de cesión al Estado para "la instalación y despliegue del cuerpo de la Guardia Civil". Como en tantos otros sitios.
El 1 de noviembre de 2007 el cuerpo de los Mossos se desplegó en San Vicente, dentro de lo que se definió como la materialización plena de la transferencia a la Generalidad de las competencias del Ministerio de Interior. Pero eso no debía implicar la salida de la Guardia Civil. Eso sí, hasta que los separatistas decidieron que sí.
"Actualmente, la caserna consta, según datos proporcionados por el Ministerio de Interior, de un total de 36 viviendas, de las cuales 32 se encuentran ocupadas y con un suelo edificable muy superior a la densidad actual de espacio", dice Sumar. "Desde el consistorio se trabaja para ofrecer una alternativa a aquellos Guardias Civiles que residen con sus familias en dicha caserna, con tal de que no se tengan que verse forzados a abandonar el municipio.
De hecho, a pocos kilómetros de la localidad de encuentra ubicada la Comandancia de la Guardia Civil (San Andrés de la Barca), una caserna más grande, moderna y con vivienda libre), dice Sumar. Pero esa decisión no debería tomarla ni el ayuntamiento, ni mucho menos Sumar. Las decisiones de ubicación de la Guardia Civil deberían corresponder al Gobierno de España. Pero, claro, en el Gobierno está ahora Pedro Sánchez, el mayor dependiente del separatismo imaginable.Y Sumar quiere hacer justo en el cuartel sus viviendas sociales.