Al igual que hace dos semanas hiciera Javier Milei en Argentina, el magnate Elon Musk ha denunciado este sábado "pagos fraudulentos" en prestaciones sociales por valor de 50.000 millones de dólares anuales (unos 48.392 millones de euros) por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La denuncia se produce después de que un tribunal federal restringiera a comienzos de esta semana el acceso a los datos por parte del Departamento de Eficiencia gubernamental (DOGE) que él mismo dirige, a raíz de una demanda interpuesta por un grupo de sindicalistas y jubilados preocupados por su privacidad.
"Actualmente se pagan más de 100.000 millones de dólares al año en prestaciones sociales a personas sin número de seguro social ni número de identificación temporal (...). Cuando pregunté en el Tesoro por una estimación aproximada de qué porcentaje de esa cifra es un fraude inequívoco y obvio, el consenso fue que aproximadamente la mitad, es decir, ¡50.000 millones de dólares al año!", ha alertado Musk, que ya ha anunciado la implementación de una serie de medidas "superobvias y necesarias" para un mayor control de "todos los pagos salientes del Gobierno".
Así, a fin de "abordar de inmediato" esta "locura total", el magnate ha avanzado que el Departamento de Eficiencia Gubernamental y el Departamento del Tesoro han acordado conjuntamente que "todos los pagos incluyan una justificación en el campo de comentarios, que actualmente está en blanco".
"Es importante destacar que aún no estamos aplicando NINGÚN juicio a esta justificación, sino que simplemente exigimos que se haga algún intento por explicar el pago más que nada", ha aclarado. Con todo, se exigirá que todo pago saliente del Gobierno "tenga un código de categorización de pago, necesario para pasar las auditorías financieras", que actualmente son "casi imposibles" porque este campo "se deja con frecuencia en blanco".
Según Musk, el objetivo es que, al menos una vez por semana, si no a diario", se actualice la lista de "entidades que no pagan y que se sabe que son fraudulentas o de personas que están muertas o son probables fachadas de organizaciones terroristas o que no coinciden con las asignaciones del Congreso".
La denuncia hecha pública por el magnate recuerda a la que a finales de enero hizo el presidente de Argentina, Javier Milei, según la cual, de los 1.250.000 beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez laboral que están siendo auditadas en el país, cerca del 80% no estarían cumpliendo con las condiciones necesarias para recibir dicha pensión. Es decir, un millón de pensiones serían irregulares.