La energía nuclear protagonizará este martes el pleno del Congreso con el debate de una Proposición No de Ley del PP para que España deje de ser "el único país del mundo que ha rechazado mantener su parque nuclear y ampliar su vida útil". La iniciativa llega tras los crecientes mensajes del partido, en Extremadura y otras regiones, pidiendo dejar sin efecto el calendario que se pactó en 2019 y al que el Gobierno de Pedro Sánchez se aferra para mantener los apagones previstos, el primero en menos de tres años, en la central extremeña de Almaraz.
Mientras se agota el tiempo para una hipotética marcha atrás, la proposición de los populares obligará al PSOE y sus socios a retratarse y además podría evidenciar de nuevo la extrema debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez. El apoyo de Vox a la PNL se da por hecho y a estos apoyos se podría sumar el de Junts, que podría dar esta tarde un nuevo disgusto al Gobierno socialista. En el PP se limitan a decir que hablan con todos, salvo con Bildu, pero planea la posibilidad de que al frente pronuclear se sumen los nacionalistas catalanes, representantes de una región en la que la energía nuclear es particularmente importante: sin apenas renovables, las centrales de Ascó y Vandellós suman un 60% de la generación eléctrica en Cataluña y empresarios e incluso sindicatos han abogado por su continuidad.
La PNL de los populares defiende a la nuclear como "una pieza estratégica para el equilibrio del sistema eléctrico nuclear", señalando que "su estabilidad y capacidad de producción a lo largo del tiempo le hacen desempeñar un papel fundamental en el mix energético español" como fuente "constante y fiable de electricidad". Recuerdan cifras como su habitual 20% de generación eléctrica al año con sólo el 6% de potencia instalada. En la iniciativa, plantean un total de ocho propuestas que van desde el calendario nuclear a la extracción de uranio. Son las siguientes:
1. Extender la vida útil de las centrales nucleares existentes en nuestro país, en el marco de la normativa europea, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear y los titulares de las instalaciones y atendiendo a criterios técnicos y económicos.
2. Facilitar la sostenibilidad económica de las instalaciones nucleares de modo que refleje el papel fundamental de esta tecnología en la transición energética, en la garantía de suministro eléctrico seguro y estable y en su contribución a la reducción de los precios del mercado eléctrico y de las emisiones de gases de efecto invernadero.
3. Promover un diálogo comprometido con los municipios, diputaciones y comunidades autónomas que se verían afectadas por el cierre de las siete unidades nucleares en España, así como con los diversos sectores económicos que también sufrirían su impacto.
4. Solicitar informes a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y al operador del sistema eléctrico (REE) en los que se evalúe el impacto económico del cierre nuclear programado, así como las implicaciones para la garantía del suministro, atendiendo a las nuevas previsiones contenidas en la revisión del PNIEC.
5. Adoptar las medidas necesarias para que el sector industrial nuclear español pueda contribuir a los retos y aprovechar las oportunidades que brinda el Reglamento UE de Ley sobre Industria Cero Emisiones Netas, que incluye tecnologías de energía nuclear.
6. Promover las iniciativas legislativas necesarias para la derogación del artículo 10 de la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética (el citado artículo se refiere a la prohibición de explotar yacimientos de uranio en territorio español)
7. Revisar el 7.º Plan General de Residuos Radiactivos, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 y el Protocolo de cierre de las centrales nucleares aprobado en marzo de 2019, con audiencia y participación de las empresas titulares, de conformidad con las acciones a las que instamos con anterioridad.
8. Trasladar todo lo anterior al Comité Especializado para la Seguridad Energética Nacional y requerirle para la presentación de su propuesta de revisión de la Estrategia de Seguridad Energética nacional atendiendo a dichas consideraciones.
Al debate asistirán, entre otros, los representantes de la asociación Salvemos Almaraz que organizó hace unas semanas una manifestación para expresar el apoyo a la central de vecinos y empresarios de la zona. Precisamente este lunes, la central emitió un comunicado presumiendo del "ejercicio excepcional" que supuso 2024 para la central, con una producción bruta de 15.655 GWh. Desde su puesta en marcha, destacan, ha generado 630.000 GWh lo que la convierte en la instalación de mayor aportación al sistema eléctrico nacional". Hoy por hoy cubre el 7 por ciento de la demanda eléctrica anual.
En la nota, los propietarios de la central también advertían que "la alta carga impositiva a la que está sometida", con el pago de 435 millones al año en tributos, "pone en riesgo su viabilidad".