"Si la ministra de Transición Ecológica no sabe que su Gobierno subió un 30% en 2024 el coste de desmantelamiento y gestión de residuos (tasa de Enresa) y el IVPEE desde el 3,5% al 7%, es un problema. Si lo sabe, hoy ha mentido sin despeinarse". Así se refirió este miércoles la presidenta de Extremadura, María Guardiola, a una de las muchas declaraciones sobre energía nuclear que ha hecho Sara Aagesen esta semana, las últimas en la comisión de Transición Ecológica en el Senado.
La sucesora de Teresa Ribera ha variado ligeramente el discurso del Gobierno en un momento en que la cercanía del cierre está movilizando a la zona y el "consenso social" que en su día esgrimía Ribera para justificar cierre ya no es el que era. Estos han sido los ejes de sus últimas declaraciones y comparecencias y las razones por las que el sector y el Gobierno extremeño dicen que miente o dice verdades a medias:
El Gobierno no tiene que ver con el cierre
Ante los senadores, Aagesen volvió a repetir lo que transmitió su departamento tras la manifestación en Almaraz: que el calendario para cerrar todas las centrales entre 2027 y 2035 es algo en exclusiva de las empresas. Según Aagesen, "no lo puso encima de la mesa el Gobierno" sino que lo pactaron las propietarias "y Enresa (la empresa pública encargada de los residuos) facilitó las negociaciones". Las empresas en efecto lo firmaron en 2019 pero desde el sector alegan que entonces el momento era muy distinto: por un lado, la coalición PSOE-Podemos llegó a plantear el cierre inmediato, y por otro la crisis energética tras la guerra de Ucrania ha cambiado el tablero.
Por otro lado, en su intento de desentenderse del cierre, Aagen olvidó mencionar que desde la patronal de las empresas propietarias proponen "establecer un diálogo con el Ministerio para analizar de manera conjunta la situación" recordando que "la política energética es responsabilidad del Gobierno". Pese al intento de vender lo que va a ocurrir como una decisión exclusivamente empresarial, lo cierto es que el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) lo contempla, el último Plan de Residuos Nucleares también certificó el cierre, y la orden ministerial con la última autorización para Almaraz decreta su apagón en 2027. Fuentes del sector defienden que para que siguiera en marcha lo primero debería ser que el Gobierno la revocara.
Sin impuestos extra
En la batalla entre Gobierno y empresas, estas últimas llevan años quejándose de la "asfixia fiscal" que sufrirían las nucleares y su último mensaje ha sido que si no hay un movimiento al respecto el cierre será inexorable. Aagesen, mientras, habló en el Senado de "información falsa" y señaló que "la fiscalidad no ha cambiado con este Gobierno". El sector sin embargo apunta que la presión fiscal se ha elevado en cinco años un 70 por ciento incluyendo en sus cálculos tasas e impuestos. Entre estos últimos, señalan el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que se habría elevado de 2,30 euros por MW/h a los 4,85 actuales después de que el Gobierno lo rebajara por la crisis energética. Incluyen también el Impuesto de producción combustible nuclear gastado, que habría subido de 4,49 euros por MW/h a 5,17 en la actualidad. Aagen negó la mayor alegando que ambos impuestos fueron implantados por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, echando de nuevo balones fuera sobre la gestión del Ejecutivo. La industria insiste en que la política fiscal quien la decide es el Gobierno y denuncian sobre este último impuesto que aunque en su día se creó como "complemento" para los futuros costes del desmantelamiento, su recaudación hoy no se dedica a ello.
"Quien contamina, paga"
En su argumentación, Aagesen se negó a incluir la denominada tasa Enresa, el pago anual que hacen las propietarias de las nucleares por la gestión de los residuos, entre los costes fiscales de las empresas. Alegó que no es un impuesto sino una consecuencia de la máxima "quien contamina paga": "¿Quieren que los 20.000 millones los tengan que pagar los españoles?", se preguntó sobre los costes estimados del futuro desmantelamiento de los reactores. Si bien es cierto que estrictamente hablando no es un impuesto, su subida en estos años sí ha caído como un mazazo en los costes fijos de las propietarias.
En 2019, en paralelo con el calendario de cierre, se pactó una subida máxima del 20 por ciento de la tasa Enresa, que se acometió en 2020. Sin embargo, el año pasado el Ejecutivo acordó una subida unilateral del 30 por ciento justificándolo por el incremento en los futuros gastos tras la decisión de prescindir del almacén temporal de Villar de Cañas y optar por almacenes individualizados hasta la creación de uno permanente en 2073. Las empresas reaccionaron llevando al Gobierno a los tribunales, una batalla que sigue en marcha, ante un incumplimiento de las condiciones por una decisión estrictamente política (y cuestionada por los expertos). Estiman que la subida les supone 130 millones extra al año .