Los remolacheros de Castilla y León están pagando en sus carnes las consecuencias de lo que ocurre cuando uno se empeña en intervenir el mercado. Según ha denunciado la alianza UPA-COAG, los productores de la región están obligados a sembrar remolacha para no perder las ayudas medioambientales asociadas a la PAC, pero si lo hacen, tendrían que vender a pérdidas, una práctica ruinosa y prohibida por ley.
Muchos remolacheros de Castilla y León están acogidos a las subvenciones agroambientales de "Cultivos Agroindustriales Sostenibles". Para recibir esta subvención, los productores están obligados a sembrar remolacha durante cinco años, explican las asociaciones agrícolas. Sin embargo, "las circunstancias excepcionales de esta campaña, con precios mundiales bajos del azúcar, convierten la siembra de esta campaña en una ruina para los remolacheros", denuncian.
Los precios están tan bajos, que muchos productores incluso tendrían que vender a pérdidas, algo que está prohibido por la Ley de la Cadena: "A día de hoy no está permitido que los agricultores perciban un precio por parte del comprador por debajo del coste de producción, y la oferta que las azucareras han planteado a los cultivadores lo estaría incumpliendo".
El azúcar cerró 2024 con el precio más bajo desde agosto de 2022, según los últimos datos aportados por el Observatorio Comunitario. El importe medio en España se situó en los 638 euros por tonelada, con una caída del 32,7% con respecto al valor que marcaba en diciembre de 2023. Entre los principales motivos se encuentra un aumento en la producción mundial, condiciones climáticas favorables y, también, una menor demanda y los cambios en los patrones de consumo.
Totalmente atrapados, los remolacheros piden a la Junta de Castilla y León que no les obligue a cultivar remolacha para cobrar las subvenciones: "No puede obligarse al cultivador, en una campaña ruinosa económicamente hablando, a cumplir el contrato con la Junta de Castilla y León para cobrar la (subvención) agroambiental". Estamos hablando de ayudas que ascienden desde los 390 euros por hectárea de cultivo hasta los 445 euros.
La solución para UPA-COAG sería que las industrias azucareras de la región y la Junta "se sienten y aborden el tema con la destreza que la situación requiere" para que se permita a los remolacheros "incumplir el requisito de siembra del contrato agroambiental o sacando una línea de ayuda adicional para que los agricultores sigan sembrando".