Según el Ministerio del Interior, en el último año, los casos de allanamiento y usurpación se dispararon un 7,4%. Los datos no incluyen ranking alguno de municipios afectados. Sin embargo, si lo hubiera, los expertos no dudan de que, en la cúspide, se encontraría Chozas de Canales. La propia alcaldesa —socialista— reconoce que más de un 35% de las casas de esta pequeña localidad de Toledo que ni siquiera llega a los 5.000 habitantes se encuentran actualmente okupadas, mientras que las empresas de desokupación contratadas por los propietarios para recuperarlas incluso elevan la cifra al 50%.
"El pueblo está que da pena —resume Antonio Plana, director de APD Security, en declaraciones a Libre Mercado—. Hay decenas de casas okupadas, enganchadas al agua y a la luz, suciedad por todas partes, y los vecinos, lógicamente, se quejan de la inseguridad, porque, aunque hay okupas pacíficos, la mayoría trafican con drogas, ejercen la prostitución… Hay de todo".
En los negocios del municipio, lo corroboran: "Por la noche hay mucha gente que ni se atreve a salir a la calle y la verdad es que vivimos con el miedo metido en el cuerpo". Tanto es así que la mujer que pronuncia estas palabras nos pide expresamente que no demos ningún detalle que permita identificarla. "Vosotros os hacéis eco de esto, que está muy bien, pero los que nos quedamos aquí y tenemos que sufrir las consecuencias somos nosotros", lamenta.
Tal vez por eso, en cuanto decimos que somos periodistas, se hace el silencio. En todo caso, hay calles que hablan por sí solas: hileras de chalés concebidos como un pequeño lujo a menos de una hora de Madrid se han convertido en plantaciones de marihuana y centros de negocios que nadie quisiera tener en la puerta de su casa.
Una alcaldesa socialista
"Y lo peor es que aquí no hay Policía —se queja otro vecino—. Si pasa cualquier cosa, tienes que llamar a la Guardia Civil que está a 14 kilómetros y armarte de paciencia". La propia alcaldesa, la socialista Nuria Robledo, se afana estos días en explicar a todos los medios que le preguntan que están intentando sacar dos plazas de policía local, pero que "la burocracia es la que es" y la mala fama del pueblo no ayuda.
Tampoco duda en cargar la contra quienes tienen en sus manos atajar de una vez por todas la okupación y no lo hacen: "Es la ley que hay, o sea que alguien tendría que mirar todo lo que estamos pasando estos municipios y decir ‘hasta aquí, esto tiene que cambiar’". El problema es que el que lo tiene que hacer es un Gobierno liderado por el propio PSOE en el que ella milita y no solo no lo hace, sino que, además, favorece la impunidad okupa con polémicas medidas como el decreto antidesahucios o la propia Ley de Vivienda.
La mafia okupa
El origen de los problemas se remonta a la crisis de 2008. Tras la burbuja inmobiliaria, muchas casas, sobre todo de nueva construcción, quedaron en manos de los bancos y, con el tiempo, las mafias empezaron a hacer su agosto. "Hay tres o cuatro personas en ese pueblo que actúan como una especie de mafia y que son los que les abren las puertas y se los venden o se los alquilan a los okupas", explica el director de APD Security.
Algunos han sido adquiridos por fondos o particulares, que son los que les contratan precisamente para expulsarles. Según Plana, de las diez desokupaciones que ya han logrado ejecutar en Chozas en los últimos meses, solo en una se ha llegado a un acuerdo económico. En el resto, lo que funciona es la presión: "Ni siquiera explicarles a lo que se exponen, porque son okupas profesionales y lo saben perfectamente. Como no hay contadores, sino que tienen el agua y la luz enganchadas directamente a las acometidas, lo que se hace es dar parte para que les desconecten. Luego nos quedamos ahí para que no se vuelvan a enganchar y, como no pueden vivir sin agua y sin luz, aunque algunos lo hacen, pues muchos se terminan yendo".
Se vende chalé okupado
En portales como Idealista, es fácil encontrar auténticas gangas para quienes quieran asumir ese proceso. "Oportunidad de inversión", reza uno de los anuncios En la imagen, la fotografía de un chalé que se vende por 73.100 euros, con el siguiente rótulo: "Activo okupado por un tercero". La oferta suena atractiva por cuanto se trata de una casa de 187 metros con jardín (aunque ahora esté completamente destrozado) a 50 minutos de Madrid en coche. Sin embargo, la letra pequeña deja claro que "no se puede financiar la compra de este inmueble", ya que los bancos no conceden hipotecas para casas okupadas.
Una vez adquirida, y suponiendo que el proceso de expulsión termine con éxito, la gran pregunta es si el comprador se atreverá a vivir en una calle literalmente tomada por los okupas. Y la respuesta, en la inmensa mayoría de los casos, es negativa. No en vano, los pocos chalés que no han sido okupados, permanecen cerrados a cal y canto: garajes y ventanas tapiados con ladrillos, puertas con rejas y dobles candados, y cámaras de seguridad por doquier. Un pueblo casi bunkerizado en el que sus vecinos, la mayoría mayores, viven día tras día con el miedo en el cuerpo.