Mientras el Gobierno sigue tratando de minimizar el grave problema de la okupación en España, las cifras hablan por sí solas: según los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior, 2024 se cerró con 16.426 nuevos casos de usurpación y allanamiento de morada, los que comete el coloquialmente conocido como "okupa de patada en la puerta". Se trata de una subida del 7,4% respecto al año anterior, cuando se registraron 15.289 y el Ejecutivo rápidamente aprovechó para lanzar un discurso triunfalista.
En esta ocasión, ningún miembro del Gobierno se ha atrevido a valorar unas cifras que, además, se dispararían literalmente si a ellas se sumasen todos los casos que nunca se llegan a denunciar porque los propietarios optan por recurrir a soluciones extrajudiciales, así como las denuncias por inquiokupación, la modalidad que, según la Plataforma de Afectados por la Ocupación, es en estos momentos la más extendida elevando el número de víctimas a más de 80.000.
La razón por la que estos últimos casos no se contabilizan en las estadísticas del Ministerio del Interior es que, al tratarse de inquilinos que dejan de pagar, se considera un mero incumplimiento de contrato y, por tanto, no se dirimen en la vía penal. Sin embargo, si se incluyeran, las cifras serían muchísimo más escandalosas si cabe.
La comparación entre Madrid y Cataluña
Según el último balance publicado en el Portal Estadístico de Criminalidad, la comunidad con más usurpaciones y allanamientos de morada sigue siendo Cataluña, donde el número de casos ha pasado de 6.258 en 2023, a 7.009 en 2024. Se trata de la cifra más alta de toda España y ni siquiera comparable con la registrada en otras regiones con una población similar. A pesar de sus casi 7 millones de habitantes, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha contabilizado en el último año 1.451 casos, lo que supone un descenso superior al 4% respecto a 2023.
En líneas generales, este tipo de delitos han subido en toda España salvo en cuatro regiones, tres de ellas gobernadas por el Partido Popular: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y la ya mencionada Comunidad de Madrid. Precisamente la presidenta de esta última, Isabel Díaz Ayuso, es una de las más combativas contra esta lacra y de las pocas que trata de buscar soluciones a todo tipo de okupaciones, también a la mencionada inquiokupación, cuyas víctimas se sienten completamente ninguneadas.
La reacción de las víctimas
"Estos datos corroboran la teoría que teníamos del ascenso de la okupación y se explican en la medida en que sigue sin haber una legislación clara que luche contra ella", denuncia Ricardo Bravo, presidente de la Plataforma de Afectados por la Ocupación. Es más, tal y como subraya, tanto el decreto antidesahucios, en vigor desde 2020, como la Ley de Vivienda aprobada en 2023 han contribuido a todo lo contrario: a fomentar una lacra que, a juzgar por las últimas encuestas, va camino de convertirse en una de las principales preocupaciones de los españoles.
"Y, aun así, estos datos no reflejan la realidad", advierte Bravo, que apunta que, a pesar de que las usurpaciones y allanamientos hayan crecido, son hoy delitos "residuales" frente a la modalidad más extendida: la temida inquiokupación, que arruina la vida de miles de propietarios en toda España, que no solo se ven obligados a mantener a falsos vulnerables en la mayor parte de los casos, sino incluso a hacer frente a sus suministros.
"De todas formas, somos conscientes de que van a seguir utilizando unos porcentajes muy ridículos para hacer ver que el problema de la okupación sigue sin ser un problema. Pero, más allá de eso, lo que nosotros pedimos a todo el mundo que haga este tipo de comentarios es que, desde su sesgo ideológico y desde su sesgo estadístico, propongan soluciones, porque nunca hemos escuchado ninguna solución", se queja el portavoz de la PAO.
A su juicio, lo más importante sería "la asunción de responsabilidades por parte del Gobierno y de las Administraciones Públicas para ofrecer todos los recursos a las familias vulnerables, que son su responsabilidad y, a partir de ahí, la derogación del decreto antidesahucios, la reforma de la Ley de Vivienda y, sobre todo, que haya una legislación que proteja tanto a las familias que lo puedan necesitar como a los afectados por la okupación y la inquiokupación".