La ONG Greenpeace se encuentra en medio de un juicio en Estados Unidos que podría acabar provocando la bancarrota de la organización, en caso de que prevalezca la reclamación de 300 millones de dólares presentada ante los tribunales por la compañía energética Energy Transfer. La mercantil interpuso la demanda al entender que la ONG ha incurrido en presuntos delitos que no solamente incluirían la difamación, sino también la celebración de protestas ilegales durante la construcción de un oleoducto.
La compañía puso en marcha el desarrollo del proyecto Dakota Access entre los años 2014 y 2017. Con cerca de 1.900 kilómetros de extensión, tiene capacidad para transportar el equivalente a 750.000 barriles del petróleo diarios. La infraestructura conecta los campos de fracking de Dakota del Norte con los de Dakota del Sur, recorriendo asimismo distintos tramos ubicados en los Estados de Iowa e Illinois.
Esta monumental obra de conexión energética fue anunciada en junio de 2014 y movilizó una inversión privada valorada en 3.780 millones de dólares. La construcción generó en torno a 42.000 puestos de trabajo directos y se completó entre junio de 2016 y abril de 2017. Las protestas estuvieron encabezadas por diversos grupos indígenas, así como por la ONG Greenpeace, que ahora se sienta en el banquillo de los acusados.
Energy Transfer alega que Greenpeace desempeñó un papel central en las manifestaciones que retrasaron la construcción del oleoducto y alegan que los distintos parones provocados por la ONG resultaron en pérdidas financieras significativas para la empresa. Ahora, los afectados buscan una compensación por daños y perjuicios, lo que incluye el reembolso de costes adicionales de seguridad, los beneficios perdidos por los retrasos en la finalización del proyecto y los gastos relacionados con acciones de relaciones públicas motivadas por la ofensiva que puso en marcha Greenpeace.
Ante las alegaciones presentadas por la organización autoproclamada ecologista, Energy Transfer ha sostenido que Greenpeace no es una simple organización dedicada a promover causas medioambientales, sino que opera como una máquina de presión política, con objetivos explícitos tanto en clave económica como en lo tocante a la influencia política e ideológica. Según la denuncia, Greenpeace participó activamente en las protestas contra el oleoducto Dakota Access entre 2016 y 2017, movilizando recursos que contribuyeron a generar bloqueos y retrasos a través de los cuales los costos del proyecto se elevaron sustancialmente.
Asimismo, la empresa argumenta que Greenpeace difundió información falsa sobre el impacto del oleoducto en territorios indígenas y reservas naturales. En su demanda, Energy Transfer alega que la organización "coordinó un esquema ilegal y violento" para afectar sus operaciones y la reputación de la compañía, lo que llevó a su vez a una reducción de las inversiones comprometidas y tuvo asimismo un impacto en la confianza de los mercados en la compañía.
Los denunciantes tienen claro, pues, que la ONG incurrió en una "campaña de desinformación deliberada", difundiendo "datos falsos o manipulados sobre el impacto ambiental y social de la infraestructura, el trazado del oleoducto o su posible impacto sobre fuentes de agua potable". La empresa recalca que todas estas cuestiones fueron debidamente abordadas con las autoridades medioambientales del gobierno federal, notorias por su acervo intervencionista y por exigir un sinfín de garantías para autorizar estos proyectos. Asimismo, Energy Transfer declara en su denuncia que Greenpeace "infló los riesgos ambientales del oleoducto, usando imágenes impactantes y narrativas emotivas para generar oposición pública, sin aportar evidencia técnica que respaldara sus afirmaciones".
Energy Transfer también acusa a Greenpeace de promover estrategias de presión económica, instando a grandes inversores y bancos a retirar su apoyo financiero al proyecto. Esta campaña de desinversión, según la empresa, generó pérdidas adicionales al hacer que algunos inversores reconsideraran su participación en el proyecto debido al daño reputacional.
Uno de los puntos más graves de la demanda es la acusación de que Greenpeace alentó y apoyó protestas que se tornaron violentas, provocando enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y daños a la infraestructura. Energy Transfer sostiene que Greenpeace y otros grupos organizaron un "esquema ilegal y violento", en el que se bloquearon carreteras, se sabotearon equipos de construcción y se produjeron enfrentamientos con la policía. Greenpeace niega haber participado en actos violentos, argumentando que su papel se limitó a apoyar a las comunidades indígenas, pero Energy Transfer ha presentado pruebas que demostrarían que la ONG coordinó recursos para las protestas y ayudó a dar visibilidad internacional a los disturbios.
El juicio que puede acabar con Greenpeace
El juicio, que acaba de empezar, se antoja complicado para Greenpeace, que ha reconocido su participación en las protestas, pero ha afirmado que su rol fue limitado y se centró en respaldar a los grupos indígenas que protestaron por la autorización del oleoducto. Los representantes de la ONG insisten en el impacto negativo que tendrá el proyecto y consideran que la libertad de expresión se podría ver severamente limitada si el tribunal falla contra Greenpeace.
En 2023, Greenpeace registró unos ingresos de 40 millones de dólares, mientras que sus desembolsos ascendieron a 38 millones. De los desembolsos realizado, el grueso fue a pagar salarios (16 millones de dólares) y a financiar proyectos (16 millones). La ONG cuenta con un patrimonio neto cercano a los 5 millones de dólares, resultado de tomar en cuenta 21 millones en activos y un pasivo valorado en 16 millones. Así pues, una eventual derrota en el litigio frente a Energy Transfer llevaría a Greenpeace a la quiebra.
Esta no es la primera vez que Greenpeace enfrenta un reto significativo ante los tribunales. En el pasado, la ONG ha sido demandada por empresas forestales, pesqueras y de alimentos, quienes la acusan de utilizar tácticas similares para desestabilizar la operativa de estas compañías. Sin embargo, a diferencia de otras demandas que se centran simplemente en la cuestión del daño reputacional, la reclamación de Energy Transfer gira en torno a pérdidas económicas reales, así como la alegación de que Greenpeace habría actuado como una organización criminal, más que como un grupo medioambiental.
Si la empresa logra demostrar que Greenpeace coordinó y financió actividades ilegales para afectar sus operaciones, podría sentar un precedente legal que limitaría el alcance de las campañas de presión de ONG ambientalistas y obligaría a estas organizaciones a operar bajo un marco mucho más estricto y ajustado.
El juicio entre Energy Transfer y Greenpeace comenzó el pasado 24 de febrero de 2025 en un tribunal estatal de Mandan, en Dakota del Norte. Se espera que el proceso tenga una duración aproximada de cinco semanas, en virtud de la celeridad y efectividad con que suelen actuar los tribunales del país norteamericano. La sentencia no será final, puesto que la sentencia que se conocerá próximamente podría ser recurrida ante la Corte de Apelaciones de Dakota del Norte y, eventualmente, el Tribunal Supremo de dicho territorio. Incluso sería posible llevar el litigio a la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque esta última instancia acepta un número limitado de casos y generalmente se limita a aquellos que involucran cuestiones constitucionales significativas, circunstancia que solamente parece aplicar al posible choque de derechos entre el de libertad de expresión y la propiedad y actividad privada de la compañía.
Cabe destacar que, antes del inicio del juicio, Greenpeace solicitó un cambio de sede debido a preocupaciones sobre la imparcialidad del jurado en Dakota del Norte, pero estas solicitudes fueron denegadas. Esta denegación podría ser uno de los puntos que Greenpeace podría argumentar en una apelación futura, alegando quizás que la negativa a alterar la sede judicial en que se dirime el proceso habría afectado a su derecho a un juicio justo. En paralelo, Greenpeace ha denunciado a Energy Transfer en suelo europeo, presentando una denuncia en Países Bajos que invoca la Directiva Anti-SLAPP de la Unión Europea, aprobada para limitar el alcance de denuncias como la que ha presentado la empresa petrolera.