Si alguien, en algún momento, se ha visto obligado a pedir, habrá concluido que es más fácil dar que pedir. La dación no exige circunstancias personales previas en el dador. Sin embargo, la petición, para sí o para otro, requiere que el peticionario esté avalado por la causa para la que solicita la aportación, y por su estado de honradez, que permitan suponer el buen fin de la donación.
Más de un lector se estará preguntando a qué viene esta introducción. El pasado fin de semana, el presidente del Gobierno recibió una nueva llamada de atención de la Comisión Europea –son varias las anteriores sin fruto– urgiéndole a aumentar los gastos en defensa para alcanzar, al menos, el 2,0% del PIB. Una cuantía, en un momento en que, su propia presidenta, está proponiendo aumentarla a más allá del tres por ciento.
No han valido razones para evitar el compromiso, ello pese a encontrarse sin Presupuestos Públicos para el año 2025. Contando además ya con una deuda del Estado de 1,6 billones de euros en 2024.
Más de uno pensará, y desde luego debería hacerlo el presidente, en aquel refrán español, según el cual "a perro flaco, todo son pulgas". Pero no tiene excusas, porque con su primer gobierno, 7 de junio de 2018, inició un itinerario de exceso de gastos: de aquellos 12 ministerios más una vicepresidencia de Rajoy, se pasó a 22 ministerios más tres vicepresidencias de Sánchez. ¿No huele esto a despilfarro, o es que los españoles están más felices y mejor atendidos ahora a como lo estaban antes?
Junto a ese aumento en las Carteras Ministeriales, y en parte debido a ellas, se ha producido un incremento notable también de funcionarios y empleados públicos en la Administración española que, a fines de 2024, alcanzaban los 2.968.522, cifra que supone un incremento respecto a 2018, primer año de gobierno Sánchez, de algo más de 410.000 empleados públicos.
Añadamos a esto, como razones para el gasto desaforado, la multitud de Asesores –unos 800, que yo recuerde–, así como cargos hasta cómicos, si no fuera porque merecen tristeza. Entre estos, me viene a la mente la oficina que, hasta resulta embarazoso enunciarla en su verdadera dimensión; me refiero a la oficina del gabinete, del director del gabinete de la Presidencia. ¿No resulta rocambolesco que el director del Gabinete de la Presidencia, tenga a su vez un Gabinete con su director? ¿Creen los españoles que el presidente del Gobierno, con esos antecedentes, tiene moral para pedir dinero a los españoles?
En cualquier política presupuestaria se debe de tomar en consideración que antes de incrementar los gravámenes o la deuda con los que financiar un nuevo objetivo público es recomendable revisar la financiación de los actuales suprimiendo los que quedaron obsoletos.
Debemos suponer que el presidente ha decidido, sin moral para ello, no restringir gastos superfluos, que los hay, sino establecer nuevos tributos o, incrementar deuda –preferentemente conjunta, que no gusta a los bien pagadores– o, más que gastar más, gastar mejor…
Estamos ante un caso de potestas, que no de auctoritas.