La polémica se ha instalado en el sector de las renovables por el fallo de esta semana de la Comisión Europea quien ha decidido que el laudo que obliga a España a compensar con 101 millones de euros al fondo Antin Infraestructure Services por la modificación del esquema que apoyó a la electricidad renovable constituye una ayuda ilegal de Estado.
Esta decisión de la Comisión Europea, que ha instado al Gobierno español a no pagar un solo euro de todos los laudos que tiene perdidos en instancias internacionales por cambiar las reglas del juego a mitad de partida después de que el Gobierno de Rajoy en 2013 recortase las primas a las renovables aprobadas por zapatero en 2007 y que generaron un déficit de tarifa de 70.000 millones de euros.
En total los inversores internacionales han presentado 51 arbitrajes con reclamaciones que suman 10.635 millones. De ellos 43 se han fallado, diez se han ganado por parte del gobierno, tres se han anulado y tres demandantes han desistido. De momento 25 se han fallado en contra.
Así, España acumula impagos por valor de 1.836 millones de euros con empresas como E.On, EDF; Next era o Antin.
En este sentido, en Con Ánimo de Lucro, el analista Diego Sánchez de la Cruz recordaba que algunas de estas empresas que han reclamado al Gobierno de España, lo han hecho en instiancias en Reino Unido, Austrialia, el Banco Mundial o EEUU, que trascienden las fronteras de la UE y que están deviniendo ya en el embargo de bienes de España en estos países.
La gran duda que se abre ahora es el papel que ha podido jugar la exvicepresidenta tercera del Gobierno de Epsaña y exministra de transición ecológica, Teresa Ribera, hoy vicepresidenta primera e la Comisión Europea y comisaria de competencia.
Y el problema es que Ribera prometió ante el Parlamento Europeo que se abstendría ante cualquier tipo de expediente de competencia relacionado con España. Sin embargo, las sospechas crecen en Bruselas de que la comisaria no ha cumplido su promesa.
En este sentido, el analista Ignacio Moncada destacaba cómo esta decisión y si se confirma la participación de Rivera conduce a un "choque institucional" con el resto de instancias internacionales que han fallado a favor de las empresas en esos arbitrajes.
Tal y como publicaba Diego Sánchez de la Cruz, las fuentes jurídicas de las empresas afectadas apuntan a que Ribera se ha negado a certificar por escrito que se ha abstenido en ese proceso ya que el gabinete de Ribera no ha respondido a ninguna de las solicitudes formales que pedían esa confirmación por escrito.
Esto, unido a la rapidez con la que la Comisión Eruopea ha tomado esta decisión definitiva sobre este expediente de Antín, puesto que apenas dos semanas antes de la resolución emitida dos de las más altas funcionarias de la dirección general de Economía y Finanzas de la Comisión Europea se reunieron con los abogados de los inversores y reconocieron no estar al corriente del caso.
Esto significa que tras más de cuatro años abierto, este procedimiento habría sido resuelto por Bruselas en apenas dos semanas y coincidiendo con el desembarco en Bruselas de Ribera.
Los inversores advierten de que este tipo de de maniobras vulneran el principio de seguridad jurídica y dañan la reputación institucional de la Unión Europea. Algo que no pasaba con Margreth Vestager, que conocía bien los riesgos legales del asunto. La actuación de Ribera parece haber inclinado la blanca a favor de su país de origen y en contra de las empresas a las que su ministerio decidió dejar miles de millones de euros pendientes de pago.
Un acuerdo que ha estado en el aire desde finales del año pasado cuando tendría que
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